La minería en el Perú es el motor económico y un espacio de transformación social. PERUMIN 37, la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo, se ha convertido en un símbolo de la relevancia que tiene esta industria para el país. 

Este año, destacamos la valiosa participación de más de 300 mujeres en la organización, lo que abre una ventana de esperanza hacia una minería más inclusiva con la diversidad como uno de sus estandartes.

Sin embargo, la inclusión por sí sola no asegura el futuro de la minería formal. Ese futuro requiere también de un marco legal sólido y adaptado a los retos actuales. En esa línea, es fundamental aprobar cuanto antes la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Miles de familias dependen de esta actividad y no pueden seguir operando en un limbo legal que abre espacio a la informalidad. 

Hoy, la falta de reglas claras es terreno fértil para la expansión de la minería ilegal, una de las mayores amenazas ambientales y sociales del país. La reciente tragedia del río Yuyapichis, devastado por operaciones ilícitas, es una muestra alarmante de cómo esta actividad destruye ecosistemas, arrasa comunidades y fortalece redes criminales que el Estado aún no logra controlar.

Frente a ello, la responsabilidad política es ineludible. No basta con aprobar leyes: se requieren políticas públicas de largo plazo que garanticen un equilibrio entre la competitividad de la minería formal y la erradicación de la minería ilegal. La nueva Ley MAPE debe ser el inicio de un camino hacia ese equilibrio, siempre acompañado de supervisión rigurosa y sanciones efectivas.

El contraste es evidente. Mientras la minería formal busca inclusión, innovación y sostenibilidad en espacios como PERUMIN 37, la minería ilegal avanza destruyendo territorios y sometiendo a comunidades al poder del dinero fácil. 

En ese contexto, el reto es claro: lograr que cuando se hable de la minería peruana, se piense en una industria moderna, inclusiva y sostenible, y no en un problema que amenaza nuestro futuro. 

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente IIMP