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POLÍTICA MINERA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DEL MEF PARA EL DESTRABE DE PROYECTOS EN EL SECTOR

Lograr reactivar la economía peruana no depende de buenas intenciones, sino de medidas concretas como la apuesta decidida por las inversiones privadas, principalmente de industrias que mueven grandes capitales como la minería, como ha señalado recientemente el actual ministro de Economía y Finanzas, Alex contreras.

Un mensaje que desde el gremio minero saludamos, pues se requiere de grandes inversiones para salir adelante. Sobre todo, de un sector que representa el 14% del PBI (considerando nuestra cadena de suministro), más del 60% de las exportaciones, la quinta parte de los ingresos tributarios del país y la cuarta parte de la inversión extranjera.

En ese sentido, consideramos importante que el MEF se haya comprometido a hacer el acompañamiento para el destrabe de un grupo de proyectos mineros (valorizados en US$ 11,156 millones), como parte del plan de reactivación económica “Con Punche Perú”. Un anuncio que esperamos se cristalice por el bien del país.

Sin embargo, creemos que, para darle sostenibilidad a la industria minera y en general a toda la cartera de proyectos, es realmente vital contar con una política minera consensuada, que garantice el desarrollo de esta industria en el largo plazo.

Esta política debe continuar el esfuerzo de Rimay y formularse desde una visión de desarrollo territorial. Ello implica aspirar a catalizar los procesos de desarrollo de las provincias y regiones, las cuales reciben significativos recursos por canon y regalías, pero no logran mejorar su calidad de vida y competitividad debido a la falta de ejecución.

No existe la posibilidad de desarrollar una minería competitiva y sostenible, con territorios rezagados y con amplias brechas de infraestructura. Tan importante como destrabar los proyectos mineros es lograr agilizar y mejorar la inversión pública y los servicios en los territorios mineros a nivel nacional.

Por ello, es fundamental dar este gran paso, sobre todo, en una coyuntura que requiere de decisión, perseverancia, transparencia y liderazgo para salir de esta crisis y construir un mejor país para todos, con sentido de urgencia y equidad. Un buen espacio para plasmar este objetivo tendría que ser el Acuerdo Nacional, instalado a fines de 2002.

Este foro de concertación necesita ser renovado y relanzado para responder a los grandes desafíos y oportunidades que hoy enfrenta el país, una institucionalidad que asegure su funcionalidad y alta legitimidad, hoy ausente.

De otro lado, nos preocupa de sobremanera el aumento de bandas criminales conocidas como “parqueros”, en la provincia de Pataz y alrededores, en la sierra de La Libertad, que serían contratados por empresarios locales que se disputan el control de esta zona con armas de guerra.

Según especialistas en seguridad, tras la pandemia, Pataz ha sido el escenario de concentración de delincuentes extranjeros de alta peligrosidad, como el Tren de Aragua, que no solo roban material y secuestran a mineros artesanales, sino que vienen afectando incluso la producción de oro de empresas del sector, las que han reducido su producción en 28% en mayo último, según la exministra de Energía y Minas, Angela Grossheim, y posiblemente continúe esta tendencia en los próximos meses.

En ese sentido, se requiere con urgencia un plan estratégico desde el gobierno para poder neutralizar a estas bandas y dar solución integral a esta problemática, que podría agravarse con el tiempo.

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