La decisión del Gobierno de reducir en 40% la tramitología del sector minero es una señal positiva. La eliminación de 27 permisos y la simplificación de otros 14 pueden contribuir a agilizar las inversiones, siempre que se traduzcan en procedimientos más eficientes y predecibles, sin descuidar los estándares ambientales y técnicos.

El desafío es importante. Los proyectos mineros requieren inversiones de largo plazo y cada demora posterga producción, empleo, compras a proveedores y recursos para las regiones. En un escenario internacional favorable para los minerales, el Perú necesita transformar su potencial geológico en operaciones y fortalecer su competitividad.

Este esfuerzo debe ir acompañado de una solución definitiva para la pequeña minería y la minería artesanal. La propuesta de una nueva Ley MAPE y la creación del Formape abren una oportunidad para establecer una ruta de formalización viable, con requisitos y plazos claros. 

El anuncio de que el Reinfo concluirá el 31 de diciembre debe dar paso a un sistema que permita avanzar a quienes realmente buscan incorporarse a la legalidad. La formalización debe traducirse en el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales, técnicas, laborales y de seguridad.

Pero existe otro desafío urgente: la minería ilegal, que está comprometiendo el desarrollo de proyectos formales. Según un análisis del Instituto Peruano de Economía, Michiquillay (Cajamarca), y Los Chancas y Haquira (Apurímac), figuran entre las iniciativas afectadas por esta actividad, con inversiones conjuntas superiores a los US$ 12,000 millones. 

Es fundamental distinguir entre quienes buscan formalizarse y las organizaciones que operan deliberadamente al margen de la ley. Los primeros necesitan una ruta viable para cumplir las normas; frente a las segundas, el Estado debe actuar con firmeza, recuperar el control de los territorios afectados y garantizar la seguridad de las comunidades y los proyectos.

Desde el IIMP consideramos que simplificar los procedimientos, hacer efectiva la formalización y combatir la minería ilegal son tareas complementarias. El Perú necesita un Estado capaz de facilitar la inversión responsable y ejercer autoridad frente a la ilegalidad. Solo así podremos convertir el potencial minero en producción, empleo y desarrollo sostenible para las regiones.

Roberto Maldonado, segundo vicepresidente IIMP.