Especialistas del sector reunidos en el Jueves Minero del 10 de noviembre analizaron el proyecto de modificación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, y concluyeron en la necesidad de resolver algunas incongruencias que dificultan su aplicación, con la participación y aporte técnico de todos los involucrados.Al respecto, el jefe de Operaciones del Instituto de Seguridad Minera (ISEM), Fiori Ramos afirmó que el proyecto requiere una revisión y mejora que permita construir un instrumento técnicamente correcto, alineado con la realidad y con las mejores prácticas internacionales. “Hemos encontrado muchas incongruencias en la aplicabilidad de estas modificaciones en una gran cantidad de artículos, que necesitan una revisión, mejora y adecuación para ser viables en la práctica”, sostuvo.Por ejemplo, dijo que en el nuevo artículo 380 se establece que la altura de las barandas debe ser de 1.2 metros, lo que rebasa lo normado por el reglamento nacional de edificaciones de 2019 y también supera lo establecido por la normativa internacional.“Considerando que para que ocurra una volcadura el centro de gravedad de las personas debe estar sobre la altura de la baranda, con esto estaríamos hablando de gente que debería medir 2 metros o 2 metros 40, algo que escapa a la antropometría del personal en el Perú”, precisó.En ese sentido, manifestó que si bien existe el espíritu de generar las mejores condiciones, esto escapa a lo técnico y no se considera aspectos fundamentales.Igualmente, puntualizó que el artículo 400 del proyecto incluye a las pilas de lixiviación como residuos mineros, cuando en realidad constituyen parte del procesamiento del mineral. “Allí se generan lixiviados y aguas ácidas, que sí son residuos, pero estas pilas no lo son”, aclaró.En sus palabras, el presidente del Comité de Seguridad de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Tomás Chaparro indicó que el reglamento debe contar con la participación de todos los actores de la sociedad, entre ellos las empresas mineras por ser un actor importante e indispensable en la dinámica de la creación de nuevas normas.Por su parte, la gerenta RTFE de Sociedad Minera Cerro Verde, Liliana Gutiérrez señaló que el objetivo es lograr una reglamentación acorde a las tendencias actuales en la materia, a lo que la academia y la práctica internacional se abocan de manera especializada y técnica.A su turno, el prosecretario del Capítulo de Ingeniería de Minas del CD Lima – CIP, José Antonio Ardito opinó que hay mucha ambigüedad en algunas disposiciones del proyecto, como por ejemplo en lo que se refiere a la sismicidad inducida, que debe ser tratada por expertos.
Hacen llamado a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad y combatir la minería ilegalSeguir leyendo