La reforma del marco jurídico minero peruano de la década de 1990 trascendió las fronteras del país y sirvió de referencia para legislaciones de países de África y Asia, afirmó el socio decano de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, Luis Carlos Rodrigo, durante el Jueves Minero del 22 de octubre.

“Esta es una ley que ha sido copiada en países de África y de Asia. A mí me han pedido que asesore a gobiernos de otras naciones para implementar estructuras semejantes a nuestra Ley General de Minería”, señaló al referirse a la evolución del marco normativo peruano y su influencia en otras jurisdicciones.

Según explicó, uno de los cambios centrales de ese proceso fue la consolidación de un sistema de concesiones mineras y de mecanismos jurídicos orientados a brindar seguridad y predictibilidad a los inversionistas. Estos instrumentos acompañaron el ingreso de capital privado y el desarrollo de proyectos que requieren importantes recursos de financiamiento y largos periodos de maduración.

“El cambio que introduce el Decreto Legislativo 708 en la Ley General de Minería es eliminar la intervención estatal, darle seguridad al inversionista privado”, sostuvo.

La reforma iniciada a comienzos de los años noventa incorporó disposiciones para facilitar la inversión privada, entre ellas la unificación de las concesiones de exploración y explotación. A ello se sumaron contratos de exploración, mecanismos de asociación entre inversionistas y titulares de concesiones, y herramientas que facilitaron el financiamiento de proyectos mineros.

En otro momento, destacó los contratos de estabilidad jurídica como uno de los instrumentos que contribuyeron a generar previsibilidad para las inversiones mineras. Explicó que estos mecanismos, protegidos por el artículo 62° de la Constitución de 1993, permiten mantener determinadas condiciones durante el plazo pactado, de acuerdo con los alcances de cada convenio.

“Los contratos de estabilidad no dan beneficios tributarios, dan seguridad jurídica, dan predictibilidad, y eso es lo buscan los inversionistas”, manifestó.

Añadió que estos acuerdos contemplan garantías sobre determinadas condiciones administrativas, tributarias y cambiarias. Asimismo, precisó que las empresas que acceden a ciertos convenios de estabilidad tributaria aceptan una tasa adicional de dos puntos porcentuales en el Impuesto a la Renta, a cambio de contar con mayor certidumbre sobre las reglas aplicables a sus inversiones.

“Los inversionistas prefieren pagar más, pero tener la seguridad y predictibilidad de que no les van a cambiar las reglas de juego”, afirmó.

El abogado recordó que la aplicación de estos instrumentos generó controversias cuando las autoridades modificaron sus interpretaciones respecto de si la estabilidad comprendía toda la unidad minera o únicamente las inversiones consideradas en el estudio de factibilidad inicial. Según explicó, estas diferencias afectaron a empresas que requerían continuar invirtiendo en optimizaciones, nuevas tecnologías y ampliaciones después de iniciar sus operaciones.

Como ejemplo de la importancia del financiamiento para la minería, mencionó la inversión en Antamina en 1999, que movilizó alrededor de US$ 2,000 millones, así como las operaciones vinculadas con la ampliación de Cerro Verde y el desarrollo de otros proyectos mediante créditos sindicados, emisiones de bonos, aumentos de capital y mecanismos como los acuerdos de *streaming* y *royalties*.

“Estas son unas opciones muy intensivas en capital, muy extensas en el tiempo, y por lo tanto requieren de una predictibilidad, de una estabilidad adecuada, y eso es lo que proporcionan los contratos de estabilidad”, señaló.

Institucionalidad y cumplimiento de la ley

Magaly Bardales, directora del IIMP y gerente corporativa legal y de relaciones institucionales de Nexa Resources, destacó que la Constitución de 1993 y las reformas posteriores establecieron condiciones para el desarrollo de la minería moderna y la inversión privada. Sin embargo, señaló que la existencia de un marco jurídico sólido debe estar acompañada por instituciones que apliquen las normas de manera consistente.

“Tenemos una minería y un derecho minero bastante sólido. Se han generado las condiciones para tener un marco legal previsible, que ha permitido además el desarrollo de proyectos mineros en las últimas décadas”, manifestó.

Bardales recordó su participación en los procesos de privatización del sector minero desde el Estado, durante los cuales se estructuraron contratos que buscaron equilibrar los derechos y obligaciones de las partes, mitigar riesgos para los inversionistas y mantener las salvaguardas relacionadas con el medio ambiente, la seguridad y la protección de los trabajadores.

A su juicio, uno de los principales problemas se encuentra en la aplicación de las normas. Como ejemplo, mencionó las interpretaciones sobre los contratos de estabilidad jurídica y las dificultades para mantener la continuidad de las operaciones cuando se producen bloqueos de vías.

“Creo que podemos tener un marco legal valioso, como de hecho lo tenemos, pero en la medida que existan instituciones que lo apliquen de una manera consistente y que sea aplicado para todos de la misma forma, es que de alguna manera va a poder funcionar y vamos a poder avanzar”, sostuvo.

La representante de Nexa también advirtió que las diferencias en la fiscalización entre la minería formal y las actividades que operan al margen de la ley pueden generar una competencia desigual. Explicó que las empresas formales deben asumir los costos derivados del cumplimiento de las obligaciones ambientales, laborales, de seguridad y de los procedimientos administrativos.

“Si el Estado fiscaliza únicamente a quien puede detectar y encontrar fácilmente, lo que finalmente está haciendo es premiar al evasor y perjudicando al que cumple la ley”, afirmó.

Por ello, planteó que el marco jurídico debe establecer condiciones para que la formalización sea la vía efectiva para desarrollar actividades mineras y que quienes permanezcan fuera de la legalidad sean sancionados conforme a ley.

“La ley tiene que aplicarse a todos por igual”, enfatizó.

Gestión legal con visión de negocio

Helena Zuazo, subgerente legal de Compañía Minera Poderosa S.A.A., sostuvo que las gerencias legales deben participar desde las primeras etapas de las decisiones empresariales para identificar riesgos y anticipar contingencias que puedan afectar las operaciones. En ese sentido, planteó que estas áreas deben evolucionar de una función principalmente reactiva hacia una gestión estratégica vinculada con los objetivos del negocio.

“¿Cómo pasar de ser un área que tradicionalmente ha sido reactiva a un área que anticipa los problemas? Es decir, ¿cómo desarrollamos un área que antes resolvía el problema para anticiparnos a ello?”, señaló.

La especialista indicó que la prevención de riesgos puede generar mayor valor para las compañías que la atención de controversias una vez que estas se han producido. Por ello, consideró necesario que los abogados participen desde el inicio en los procesos de toma de decisiones y comprendan las implicancias operativas de cada medida.

“Prevenir una contingencia a veces genera mucho más valor que resolverla”, afirmó.

Zuazo también planteó que las gerencias legales deben incorporar indicadores que permitan medir su contribución a los resultados de la organización, más allá del número de contratos revisados, consultas atendidas o litigios ganados.

Como ejemplo, explicó que en Poderosa se han reorganizado procesos, incorporado herramientas tecnológicas y desarrollado indicadores para mejorar la eficiencia, controlar riesgos y brindar un mejor soporte a las áreas operativas.

“El objetivo acá no era simplemente volvernos más rápidos, sino gestionar mejor los riesgos y contribuir de una manera más efectiva a los resultados que la compañía está esperando”, precisó.

La subgerente legal también se refirió a la minería ilegal y señaló que sus consecuencias comprenden riesgos para la seguridad de las personas, daños ambientales, criminalidad organizada y amenazas para la continuidad de las operaciones formales. Frente a ello, sostuvo que la respuesta debe integrar las áreas legales, operativas y de seguridad, además de la alta dirección.

“Debemos ser conscientes de que la minería ilegal es un problema que las empresas no vamos ni podemos ni debemos resolver por sí solas”, manifestó.

Añadió que la lucha contra el delito y la recuperación del control territorial corresponden al Estado, mientras que las compañías deben colaborar con las autoridades, preservar evidencias, cumplir las normas y ejercer los derechos que les reconoce la ley.

Seguridad jurídica en las transacciones

Juan Carlos Escudero, socio senior del área Corporativa y M&A de CMS Grau, señaló que el marco jurídico peruano ofrece herramientas para las operaciones de adquisición de acciones, transferencias de empresas y otras transacciones que permiten movilizar activos hacia inversionistas con capacidad para desarrollarlos.

“Ese marco que se mueve dentro del libre mercado funciona y funciona bien, y viene funcionando y hace posible que activos pasen de unas manos a otras, y quien no tiene recursos, tiene un horizonte muy corto, lo pueda transferir a alguien con mayor capacidad, que lo pueda llevar a horizontes más largos”, sostuvo.

El abogado destacó la protección de la propiedad privada, la libertad de cambio y la posibilidad de pactar arbitrajes como elementos que favorecen las operaciones empresariales. No obstante, advirtió que la falta de predictibilidad en las decisiones de las autoridades puede afectar el valor de los activos y la disposición de los inversionistas para concretar adquisiciones.

“Lo que no camina bien es la falta de institucionalidad, porque podemos tener las normas que permiten la transferencia, podemos tener la posibilidad de que un extranjero adquiera propiedad en el Perú, que financie un banco extranjero, tener las contrataciones a los plazos que necesitamos, pero si no hay institucionalidad, el activo que se vende pierde valor”, afirmó.

Escudero consideró que las autoridades pueden modificar sus criterios de interpretación, pero señaló que estos cambios deben aplicarse hacia el futuro y no de manera retroactiva sobre situaciones que fueron aceptadas durante años.

“Yo no cuestiono, por ejemplo, que la autoridad tenga otro cambio de opinión; lo puede hacer, pero para adelante, no para atrás”, indicó.

Asimismo, sostuvo que la incertidumbre institucional afecta la competitividad del país frente a otras jurisdicciones que buscan captar capital para desarrollar sus recursos. En ese contexto, remarcó la importancia de mantener condiciones que permitan a los inversionistas evaluar los riesgos y tomar decisiones con mayor certeza.

En relación con el trabajo de los asesores externos, Escudero señaló que comprender las necesidades y circunstancias de cada empresa es fundamental para ofrecer soluciones legales acordes con sus objetivos.

“Un abogado tiene que buscar comprender más que ser comprendido, y eso es fundamental”, manifestó. También recomendó mantener el foco en las necesidades del cliente: “Lo más importante es que lo importante sea lo importante. Entonces, no perdamos el foco”

Simplificación de procedimientos

Rodrigo aseveró que el Perú también enfrenta el reto de ordenar y simplificar los procedimientos requeridos para desarrollar proyectos mineros. Según indicó, una iniciativa de gran escala puede necesitar alrededor de 400 permisos, autorizaciones y licencias antes de entrar en producción, por lo que consideró necesario mejorar la coordinación entre los trámites administrativos y ambientales.

Aclaró que simplificar los procedimientos no implica reducir las exigencias de protección ambiental ni eliminar obligaciones legales, sino evitar superposiciones y brindar claridad sobre los requisitos que deben cumplir las empresas.

“Nadie pretende que se relajen los estándares, ni que se reduzcan las obligaciones en sí mismas, sino que haya claridad, que no haya superposición”, sostuvo.

El expositor también identificó la lucha contra la minería ilegal como uno de los principales desafíos del país, debido a sus vínculos con otras actividades delictivas y a sus efectos sobre la seguridad y el Estado de derecho.

“Creo que el reto más importante que tenemos todos, no solo el sector minero sino el país, es luchar contra la minería ilegal porque es un flagelo equivalente a las mafias del narcotráfico, de la trata de personas”, advirtió.

Las intervenciones de los panelistas coincidieron en la importancia de preservar la seguridad jurídica y fortalecer la institucionalidad para que las normas se apliquen de manera consistente, se proteja la continuidad de las operaciones formales y se mantengan condiciones favorables para el desarrollo de las inversiones mineras.