El estudio “La puesta en valor del patrimonio minero: un análisis desde el caso del Complejo Metalúrgico de La Oroya”, que ganó en el espacio Legal y Tributario del Foro TIS de PERUMIN 36, fue expuesto en el Encuentro Minero del 8 de noviembre por su autora magíster en Regulación, Gestión y Economía Minera por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogada por la Universidad Católica San Pablo, Rebeca Justiniani.

Explicó que, bajo el control de Metalúrgica Business Perú, fundada por 1,270 extrabajadores accionistas, esta planta fue puesta en funcionamiento nuevamente este año.

No obstante, si la infraestructura continúa operando sin implementar los cambios necesarios, podría enfrentarse a dos situaciones: la primera es que se convertiría en un pasivo ambiental en caso de que no logre el cierre definitivo conforme al instrumento de gestión ambiental vigente, y sus estructuras serían vendidas por lo que vale su peso.

“El segundo escenario contempla que el centro productivo, una vez que haya completado las etapas de cierre y poscierre, sería sometido a procesos de desmantelamiento y demolición, sin oportunidad de acceder a un uso secundario de sus componentes o áreas”, detalló.

En ese contexto, sostuvo que el CMLO forma parte de la herencia histórica que marca nuestra tradición e identidad como país minero, la cual guarda tesoros como el antiguo yacimiento Santa Bárbara (Huancavelica), las salineras de Maras (Cusco) y la fundición Tinyahuarco (Pasco).

Por ello, consideró que el Perú requiere implementar la política de revalorización del patrimonio minero inactivo, pues este asunto no está institucionalizado ni en la normativa ni en la vida cotidiana, y se podría contar con importantes activos culturales a nivel nacional.