Por: Víctor Gobitz, presidente de Quilla Resources y Armando Gallegos, presidente de Gerens*.La minería ilegal en el Perú ha trascendido su carácter de actividad informal para consolidarse como una estructura de crimen organizado que devasta el medio ambiente, evade el control del Estado y amenaza la viabilidad del modelo de concesiones mineras formales. Este fenómeno debilita la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones. Existen cuatro amenazas directas al modelo de concesiones que provienen de la minería ilegal. Primero, la usurpación violenta y la superposición territorial de las operaciones ilegales sobre concesiones vigentes, ejemplificadas en Pataz (La Libertad). Segundo, la instrumentalización del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), usado por redes criminales para blanquear oro. Tercero, la implantación de un modelo de negocio basado en la evasión fiscal y en estándares ambientales y sociales nulos. Y, finalmente, la construcción de una gobernanza paralela de la minería ilegal que penetra territorios e instituciones, legitimando la ilegalidad. ¿Cómo darle solución a esta situación? 1. Fortalecer la trazabilidad y fiscalización del mineral. Implementar un sistema eficaz de trazabilidad desde el punto de extracción hasta la exportación, complementado con imágenes satelitales para contrastar producción real y declarada. Además, es crucial modificar la normativa para que la inscripción en el Reinfo no sirva como un escudo de inmunidad penal.2. Control de plantas de beneficio. El Estado debe fiscalizar en tiempo real las plantas autorizadas por gobiernos regionales que se han autodeclarado como pequeña minería. Debe verificarse su capacidad operativa y la legalidad del mineral que procesan.3. Contratos de explotación. Exigir que todo mineral extraído cuente con consentimiento del concesionario, mediante contrato de explotación. Ello permitiría integrar al pequeño minero bajo criterios técnicos y de sostenibilidad, garantizando beneficios para ambas partes. 4. Inteligencia contra el lavado de activos. La interdicción no debe limitarse a destruir maquinaria, sino a desactivar las cadenas de valor criminales. Se debe atacar a actores que financian, procesan y exportan el oro ilegal, con inteligencia financiera coordinada entre la Policía, la Fiscalía Ambiental y la Sunat.La minería ilegal no solo destruye ecosistemas: amenaza el Estado de Derecho y el futuro del modelo de concesiones, columna vertebral de la inversión minera en el Perú. * Publicado en el diario El Comercio.
