Por: Fundación Romero.

Continuamos con la segunda parte de este interesante artículo, extraído con la autorización de la Fundación Romero, del libro: 200 años de economía en el Perú – Aprendiendo de nosotros mismos, iniciativa editorial de Perú21.

El canon y las regalías

El canon minero es el aporte que hacen las empresas del rubro a los gobiernos regionales y municipales de cada zona en que operan y es el 50% del impuesto a la renta. Las regalías son la contraprestación que pagan las compañías mineras por la explotación de los minerales en ciertas jurisdicciones. Las regiones con mayor actividad minera, consecuentemente, reciben mayores recursos. En 2020, seis regiones concentraron el 70.7% de las transferencias por canon según el Minem. Las tres primeras fueron Áncash (22.4%), Arequipa (17.4%) y Tacna (10.5%), seguidas por Cusco (8.3%), Cajamarca (6.3%) y Moquegua (5.8%).

El principal problema respecto al mal aprovechamiento del canon en las regiones sería la poca capacidad de planificación y diseño de políticas públicas de los gobiernos regionales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No se puede dejar de mencionar la corrupción y la ejecución de proyectos mal diseñados como los principales factores que incidieron en un inadecuado uso de estos recursos.

Cabe precisar que el 5% del canon va a las universidades públicas de las zonas mineras, dinero que se debe destinar sobre todo a la investigación científica, en salud pública, prevención de enfermedades endémicas, sanidad y biodiversidad.

El presidente de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, considera que el problema fue simplificar la descentralización al concepto de una región por departamento y no considerar que era necesario generar adecuadas capacidades técnicas y de gestión. “Tenemos que hacer la descentralización que propugnaba Javier Pulgar Vidal: las gestiones transversales, las macrorregiones. Es evidente que los gobiernos regionales han hecho mal e ineficiente uso del canon minero y no han logrado utilizar todos los recursos que les llegaban de la minería”, comenta Benavides.

Ángel Chávez, especialista en derecho minero, explica que el problema fue orientar la descentralización por una decisión netamente política sin considerar que los gobiernos regionales debían acreditar capacidades técnicas. “No acreditaron capacidades de gestión. Se les transfirieron funciones, pero olvidaron esto”, advierte.

Problemas de corrupción y poca capacidad de ejecución de recursos han generado que en Cajamarca, Áncash, Apurímac, Arequipa, Junín, Cusco y Tacna, se haya dejado de invertir cada año S/ 1,830 millones en promedio.

Pese a ello, en paralelo varios proyectos mineros han tenido buenos resultados en sus políticas de responsabilidad social. Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) mostró que cerca de 30 mil personas salieron de la pobreza entre 2010 y 2020 en el área de influencia de la empresa Antamina, principalmente en Áncash.

Además, la anemia en niños con menos de cinco años se redujo de 53% a 33% entre 2013 y 2018. Hubo un despliegue de programas de apoyo directo a las comunidades, desarrollo económico generado por la creación de empleos y el incremento de los recursos que ingresan a las zonas de impacto.

Los pasivos mineros

Labores mineras sin rehabilitación inmediata propiciaron la aparición de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM). En el Perú, la legislación ambiental se basa en el concepto de que el que contamina paga. Son residuos, labores, infraestructura o maquinaria que ocasionan riesgos para la salud humana y el ambiente.

Las zonas que concentran el mayor número de PAM son la cuenca del Mantaro, que abarca las regiones de Pasco, Junín y Huancavelica, Llaucano, en la región de Cajamarca, la provincia del Santa en la región de Áncash, así como en las regiones Madre de Dios y Apurímac.

Uno de los casos conocidos de pasivos mineros es el de la empresa Doe Run (filial del Grupo Renco), la cual asumió compromisos en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Complejo Metalúrgico La Oroya. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

Doe Run funcionó durante muchos años sin respetar los límites permitidos de contaminación en Junín. La población enfermaba, pero al mismo tiempo brindaba decenas de miles de empleos que eran casi la base de la economía en la zona.

En 2009, la empresa entró en crisis y reestructuración. Los pasivos ambientales eran tantos que ninguna compañía vio atractivo tener que hacer tal inversión en saneamiento. Incluso, se discutió mucho sobre la necesidad de reducir los estándares de calidad ambiental (ECA) para el aire de la cuenca de La Oroya. Sin embargo, era tan alta la contaminación que ni con los estándares más bajos permitidos hubiera estado en condiciones de funcionar.

Un estudio de la Universidad de Yale, con datos de 2009 a 2014, determinó que el Complejo de La Oroya se excedió: los niveles de plomo en el aire fueron hasta tres veces más que los límites máximos. Hoy el tope máximo de dióxido de azufre (SO₂) es de 365 microgramos por metro cúbico (ug/m³), pero, durante el periodo analizado se registró hasta 18,253 ug/m³. Es decir, 50 veces más.