Por: Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining^[1].

La estrategia del litio en Chile, marcada primariamente por el acuerdo entre Codelco y SQM, ha generado un debate amplio y diverso. Este acuerdo, que se extiende hasta 2060 y se estructura en dos etapas, busca consolidar la producción de litio en el Salar de Atacama, el mayor depósito de salmueras de litio del mundo. Sin embargo, a pesar de sus aparentes ventajas, la estrategia plantea varias interrogantes críticas que deben ser abordadas.

La decisión de no optar por una licitación para la extensión del acuerdo con SQM, en contra de los preparativos que venía realizando Corfo desde hace años, basada en la teoría del «valle productivo», es cuestionable y ha sido pobremente explicada. Este argumento sugiere que no habría producción durante los primeros tres años tras el fin del contrato actual con Corfo a fines de 2030, lo que se explicaría principalmente porque el actual arrendatario, SQM, dejaría de llenar las pozas, condición necesaria para la continuidad de la explotación. Es incomprensible que esta condición pueda haber sido considerada como válida en el marco de una negociación de buena fe.

Otro aspecto crítico es la ausencia de un compromiso firme con la tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE). A pesar de que ambas empresas han expresado su intención de utilizarla eventualmente, la falta de una pronta obligatoriedad en su implementación va en contra de los propios principios planteados por el gobierno. Es aún más incomprensible tomando en cuenta que la DLE podría haber eliminado el supuesto valle productivo pues esta tecnología no requiere de un periodo de 18 meses de acumulación en pozas como el caso de la evaporación.

Faltando seis años y medio para el fin del actual contrato sorprende el apuro por forjar un acuerdo en este momento, lo que sugiere que el interés principal es el de instalar a una empresa del Estado como operador en el negocio del litio.

Poca reflexión pública ha habido además en torno a la utilización de Codelco como instrumento del Estado para operar en el negocio del litio. Ante la grave crisis que experimenta en el negocio del cobre, se plantea la inquietud de cómo este nuevo negocio puede distraerlo de atender las dificultades que enfrenta. Si bien Codelco ya ha acotado que las ganancias del litio irían al fisco, parece haber un interés de que el litio apuntale a Codelco en este crítico momento. 

Las consecuencias de esto solo se podrán observar en el futuro, aunque cabe advertir que este eventual salvavidas puede no resultar como se espera ya que además del efecto distractor, deberá demostrar capacidades de operación que no tiene en litio y asumirá los riesgos de este nuevo negocio.

El papel de Corfo en estas negociaciones también ha sido objeto de crítica. La entidad gubernamental, con mayor conocimiento sobre el litio en Chile y tenedora de las concesiones explotables del Salar de Atacama, fue relegada a un rol de facilitador, sin participación en la negociación. 

Esto levanta cuestionamientos sobre la transparencia y los términos del acuerdo, especialmente dado que los contratos entre Corfo y Codelco aún no se han revelado públicamente. La falta de transparencia también se apreció en una serie de aspectos del acuerdo Codelco-SQM, como por ejemplo la valoración del pago de SQM por el derecho a acceder al recurso entre 2031 y 2060 o las señaladas conversaciones con empresas en China y otros países que habrían hecho concluir que un trato directo era mejor que otras opciones como la licitación. Por la magnitud y trascendencia de este acuerdo, la información que respalda estos aspectos debería estar disponible.

A nivel más amplio, el acuerdo ha sido bien recibido en las encuestas, pero su exclusión de la opción de licitación podría comprometer la fe pública, dada la importancia y el valor del negocio del litio. La decisión de no licitar podría ser vista como un movimiento conservador, motivado por la necesidad del gobierno de mostrar un logro, pero potencialmente subóptimo desde una perspectiva estratégica y económica. Casi de manera desapercibida, Corfo aumentó la cuota a la otra empresa que opera en el Salar de Atacama, Albemarle, con lo cual se terminó consagrando un status quo en este gran activo.

En cuanto a otros salares, la estrategia del gobierno reserva los salares de Maricunga y Pedernales para Codelco y los salares de La Isla, Aguilar, Infieles y Grande para el proyecto salares Altoandino de Enami. Ambas empresas deberán buscar socios estratégicos que tengan fondos y conocimientos suficientes para desarrollar estas iniciativas. Ahora bien, aún están muy lejos de llegar a producir. A modo de ejemplo, el más avanzado de estos proyectos es el Salar de Maricunga, donde Codelco ya ha anunciado que espera definir un socio recién en 2025. Dada la realización de estudios y búsqueda de permisos, no resulta esperable que entre en operación antes de 2030.

Por último, la estrategia del litio busca abrir 26 de ellos para inversión privada, sin necesidad de formar acuerdos con el Estado, lo que ha concitado un aparente alto interés. No obstante, el hecho de que su anuncio haya sido formulado a dos años del actual gobierno, sugiere que esto ha tenido una prioridad secundaria. Más aún, la falta de consenso político y la posibilidad de que ningún Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) sea entregado antes del próximo gobierno, pone en riesgo la continuidad de esta estrategia. El escepticismo de algunos inversores y las complejidades asociadas a las consultas indígenas y los procesos regulatorios añaden desafíos adicionales a la implementación efectiva de estos proyectos.

En conclusión, la estrategia del litio en Chile, si bien presenta oportunidades significativas para consolidar la producción y aumentar la renta estatal, también plantea serios desafíos y áreas de preocupación. La transparencia, la inclusión de tecnología sostenible, y la gestión adecuada de las relaciones con las comunidades locales serán cruciales para asegurar que esta política no solo sea rentable a corto plazo, sino también sostenible y equitativa a largo plazo. La puerta nacionalista que se ha entreabierto podría llevar a una mayor intervención estatal en el futuro, un escenario que debe ser cuidadosamente considerado y gestionado para evitar repetir errores históricos en la gestión de recursos naturales en Chile. 

^[1] Fuente: Boletín Minero. Sonami.