Para conocer detalles de la estrategia de valor compartido con enfoque territorial que Hatch ofrece al sector minero, dialogamos con María José Ochagavía, directora Community Engagement & Social Performance para Sudamérica y María Teresa Colque, Community Engagement & Social Performance Lead para Perú.

Para comenzar, nos gustaría preguntarte María José: ¿qué se entiende por “valor compartido” a nivel general? 

El concepto de valor compartido fue acuñado, inicialmente, por Michael Porter y Mark Kramer, en un artículo del Harvard Business Review llamado Creating Shared Value. En este, Porter y Kramer sostenían que las empresas podían y debían ir más allá de la responsabilidad social corporativa, y que esto conllevaba ventajas competitivas importantes, dada la inclusión de consideraciones sociales y ambientales en las estrategias de negocio de las organizaciones. Así, la creación de valor compartido (CVC) consistía en la capacidad de una empresa de ir más allá de la mera satisfacción de las necesidades de sus clientes, abordando necesidades globales como parte de su modelo de negocios.

En este sentido, el valor compartido es el resultado de políticas y prácticas que contribuyen a la ventaja competitiva de una organización, al mismo tiempo que fortalece a las comunidades en las que ésta opera, lo que puede materializarse a través de tres caminos concretos (1) innovando en mercados y productos; (2) redefiniendo la productividad en la cadena de valor; y (3) fortaleciendo los clusters locales. 

En esta misma línea, hablar de CVC en la industria minera implica crear valor económico para las empresas de la industria y, al mismo tiempo, generar resultados sociales y ambientales positivos para las comunidades locales y las partes interesadas. Lo anterior es fundamental por varias razones, donde sin duda destaca, en primer lugar, que este paradigma trasciende las lógicas de la filantropía, buscando que las organizaciones sean más que un “buen vecino” o buen ciudadano corporativo, poniendo los desafíos de los territorios al centro de la estrategia de negocios y operación, lo que nos acerca al concepto de la sostenibilidad, donde los criterios ESG se transforman en variables estratégicas a ser gestionadas de forma robusta. 

Adicionalmente, hablar de CVC implica dotar de un nuevo rol a las empresas, las que hoy también se perciben como agentes de cambio social. Lo anterior es también secundado por la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, que en su objetivo 17 habla de la relevancia de las alianzas para lograr los objetivos, en el entendido de que los desafíos que enfrentamos como planeta y sociedad son tan profundos y de tan largo alcance, que requieren de la actuación coordinada y sistemática de todas las partes: Gobiernos, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, academia, entre otros.  

Es aquí donde se hace clave también el concepto de impacto colectivo, introducido en 2011 por John Kania y Mark Kramer en el Stanford Social Innovation Review. En éste, refieren que los desafíos y problemáticas que hoy enfrentamos están fuera del control de un solo actor en particular, por lo que, para avanzar en los esfuerzos de CVC, las empresas deben fomentar y participar en coaliciones multisectoriales, donde los Estados, ONGs, las empresas y los miembros de la comunidad, entre otros incumbentes claves, tienen papeles esenciales que desempeñar, y donde se requiere avanzar en lógicas de colaboración, y no de oposición.  

Finalmente, pero no menos importante, al ser un esquema que fomenta el desarrollo sostenible, también reduce los conflictos y mejora la viabilidad a largo plazo de las operaciones mineras, lo que es también muy relevante, especialmente para países como los de nuestra región donde la industria tiene un peso específico, no sólo respecto del Producto Interno Bruto de cada país, sino también respecto de la generación de empleo directo e indirecto, fomento a las cadenas productivas locales, entre otros saldos positivos relevantes. 

Siguiendo ahora con María Teresa, ¿qué se entiende por "enfoque territorial" en la minería y en qué se diferencia de los enfoques tradicionales?

Un enfoque territorial en la minería implica considerar toda el área geográfica impactada por las operaciones mineras, en lugar de solo observar la zona de influencia inmediata. Es una visión que hace hincapié en la colaboración con otras empresas mineras y de diferentes rubros presentes en el territorio. además de las comunidades locales, los organismos gubernamentales y otras partes interesadas, bajo el entendido de que toda actividad desarrollada en un territorio compartido tendrá, sin lugar a duda, un impacto acumulativo en las demás, el que puede ser positivo o negativo. 

Un claro ejemplo de lo anterior fue la inversión que muchas empresas mineras hicieron, durante la pandemia, orientada a fortalecer la capacidad de atención de los centros de salud en sus regiones o provincias, lo que ciertamente dio como resultado un impacto acumulativo positivo. En contraposición, no es extraño constatar cómo un conflicto activo, que puede estar en niveles de crisis, afecta la percepción de todas las otras actividades mineras que se desarrollan en la zona, donde no hay deslinde que valga para explicar el efecto acumulativo negativo. 

Así, este enfoque difiere del enfoque tradicional, que suele centrarse en el área de influencia de una operación en particular, ignorando estos otros factores compartidos. 

Siguiendo contigo María Teresa, y bajo esta lógica de enfoque territorial, ¿cuáles son los principales desafíos y obstáculos que enfrentan los profesionales sociales cuando intentan implementar este enfoque en proyectos mineros? y ¿cómo pueden las empresas mineras y las comunidades locales colaborar eficazmente para garantizar el valor compartido y el desarrollo sostenible en las regiones?

Los desafíos pueden incluir complejidades regulatorias, intereses en conflicto entre las partes interesadas, preocupaciones ambientales y, por supuesto, la percepción de que se necesita de inversiones iniciales sustanciales, cuando no es necesariamente así. 

Adentrándome en este último punto: si volvemos al enfoque territorial, encontramos que las fuentes de financiamiento van más allá de la inversión directa de los titulares mineros, lo que genera ventanas de apalancamiento de fondos públicos, fondos concursables internacionales, mecanismos como obras por impuestos o incluso semilleros de emprendimientos respaldados por ONGs o instituciones supranacionales, por mencionar algunas. Es aquí donde el enfoque territorial tiene éxito, cuando se entiende la interconexión entre las partes, y se trabaja colaborativamente para darle sustento. 

Aquí es importante mencionar que la colaboración efectiva requiere una comunicación transparente, acuerdos claros y una participación genuina de las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones. Por lo mismo, las empresas mineras deben priorizar las necesidades de la comunidad y asegurar que el flujo de información se mantenga activo en ambas direcciones, lo que a su vez potencia la capacidad de generar confianzas, sentido de pertenencia y – en consecuencia – se convierte en un control preventivo y mitigador del riesgo de conflictividad social.

Finalmente, las empresas también pueden colaborar a través de la innovación. En este sentido, hemos visto interesantes propuestas nacidas de hubs de innovación regionales, donde tecnologías como la teledetección, el análisis de datos y la automatización pueden mejorar la huella ambiental de la minería; o donde métodos de participación comunitaria, como las plataformas digitales para la retroalimentación, pueden mejorar la colaboración entre partes interesadas.

Para cerrar María José, ¿qué consejo o recomendaciones le daría a las organizaciones o profesionales que buscan promover el valor compartido y un enfoque territorial en la industria minera?

A modo de cierre, creo fundamental relevar que, quizás como nunca antes, la “S” dentro de ESG está ganando momentum, y esto debemos aprovecharlo como una tremenda oportunidad para la sostenibilidad de las mismas empresas y sus operaciones en el tiempo, pero también para la sostenibilidad de las comunidades y del entorno como un todo. Esto queda fielmente reflejado en el estudio Top Mining and Metals Risks and Opportunities in 2023, de EY, donde la licencia social para operar se establece como el cuarto riesgo más urgente para la industria minera, lo que tal vez hoy nos lleva a poner estos elementos al centro de la estrategia de negocios.

En este sentido, el valor compartido consiste, fundamentalmente, en alinear el éxito de nuestra empresa con el éxito de nuestra comunidad, al reconocer que tenemos la responsabilidad – además de la oportunidad – de mejorar el entorno empresarial y la salud fundamental de la estructura comunitaria que lo sustenta. Para lograrlo, centrarse en la participación de las partes interesadas, priorizar la sostenibilidad a largo plazo, invertir en el desarrollo de capacidades locales y comprometerse con prácticas mineras éticas y responsables es absolutamente crucial. 

Asimismo, se hace fundamental aprender de estudios de casos exitosos y compartir conocimientos dentro de la industria, donde justamente cobra relevancia estratégica el concepto de enfoque territorial, que nos permite superar aquella tendencia que nos lleva a mirar sólo nuestra área de interés, como si fuéramos los únicos que tenemos impactos – sean estos positivos o negativos – en la misma, haciendo un análisis más granular de aquellos impactos acumulativos, que puedan atenderse de forma colaborativa. 

Finalmente, no podremos avanzar a paso firme sin medir nuestro desempeño, donde es también crucial generar indicadores de bienestar de la comunidad, que nos permitan entender el alcance del desarrollo económico local, haciendo un correcto seguimiento y evaluación para así, también, asegurar estrategias adaptativas y eficientes.

Dicho de otra forma: no pueden existir empresas que gocen de buena salud sin una comunidad sana, donde los ciudadanos prosperen y haya oportunidades de crecimiento para todos. Los desafíos que enfrentamos, sobre todo en una Latinoamérica post pandemia – donde según CEPAL, retrocedimos 28 años en pobreza extrema – son enormes, y las soluciones requieren de la experiencia, la capacidad de innovación y los modelos de negocios escalables del sector privado, por lo que la CVC y un enfoque territorial son hoy un imperativo.