Por: Juan Carlos Zevallos Roncagliolo, abogado especialista en Derecho Minero, Derecho Corporativo y Negociaciones con experiencia en empresas del sector minero, construcción, salud y de consultoría.

Desde tiempos inmemoriales, el Perú se ha distinguido por ser una nación de vasta e infinita riqueza natural y arquitectónica. Se sabe que desde la época preinca hasta la incaica la actividad mineroextractiva era un medio productivo fundamental, que contribuyó al poderío y expansión del imperio al aportar minerales valiosos como el oro y la plata. 

De igual manera, durante la etapa republicana el país siguió de la mano de la actividad minera, por medio de la explotación de recursos como el guano de Arica y Tarapacá. Incluso en nuestros días, la actividad mineroextractiva, apoyada en la gran tecnología y en los altos estándares socioambientales, viene a constituir una de las principales actividades productivas del país. Naturalmente, al ser una industria clave, fue extendiéndose a lo largo de los años hasta nuestra época republicana. De esta forma, la minería siguió ejerciendo una labor fundamental en la generación de riqueza y en el desarrollo peruano. 

Bajo este entendido, no resulta difícil comprender que a lo largo de todos estos años las industrias extractivas han tenido un papel inusitado en el curso económico y social del país. Indudablemente, nuestras ventajosas condiciones geológicas, nuestra gran apertura económica y las finas ventajas al tratamiento de la inversión extranjera y nacional, han hecho del Perú uno de los más atractivos e ideales destinos de canalización de capital para el desarrollo de esta actividad. 

Este notable crecimiento sostenible, ha sido posible gracias a un buen manejo fiscal y a una política económica muy sólida que en la actualidad es admirada por diversos países en el mundo, poniendo al Perú en el centro de la atención. Siguiendo esta línea, en los últimos años la actividad mineroextractiva ha representado más del 60% de nuestras exportaciones. 

Este clima favorable, ha reportado ingresos millonarios al gobierno central y ha permitido mayores recursos para el tesoro público, los mismos que le han permitido al Estado implementar políticas y obras sociales en beneficio de la población. A su vez, el impacto positivo de la minería peruana ha tenido un efecto dinamizador de la economía, generando empleos directos e indirectos, incentivando la aparición de servicios complementarios, logísticos y accesorios de diversas industrias nacionales e internacionales. 

Pues bien, en este punto no cabe duda que la minería como actividad productiva, a secas, representa el verdadero motor del desarrollo en el Perú y una auténtica fuente promotora del progreso nacional y un inobjetable factor de inclusión social. 

Sin embargo, este periodo próspero y de crecimiento económico del que todos los peruanos hemos ido siendo testigos a lo largo de los años, podría verse abruptamente interrumpido. Todo ello, debido a las constantes protestas sociales y conflictos socioambientales que vienen replicándose en todo el territorio, hechos graves que generan inestabilidad política, jurídica y pueden estropear proyectos mineros en ejecución y otras operaciones en producción. 

Con esto último, no queremos establecer que todos los conflictos sociales surjan de manera inmotivada y antojadiza, o que se hagan de modo abusivo, pues hay determinados casos en los que las pretensiones y demandas pueden ser válidas y debidamente justificadas. En este punto, es pertinente resaltar que en un país civilizado con instituciones sólidas, y en las que impera el Estado de derecho, todo conflicto minero puede ser sujeto a un proceso de cuestionamiento válido. 

En este sentido, se pueden realizar marchas pacíficas y transmitir demandas al gobierno central, esto siempre y cuando sean canalizadas ordenadamente y a través de las vías constitucionales, siguiendo los adecuados cauces democráticos. Sin perjuicio de lo señalado, hoy en día no nos resultan ajenos los conflictos mineros claramente inmotivados, promovidos por grupos antimineros con intereses subalternos o con sesgos ideológicos que suelen presentarse bajo el ropaje o disfraz de movimientos ambientales que encubren intereses políticos. 

Lamentablemente, estos grupos de ciudadanos mal informados, con prejuicios e influenciados por ideologías contrarias a la inversión, suelen actuar muchas veces al margen de la ley. De hecho, buscando mecanismos de fuerza para ser oídos por el inversionista minero y el Estado. 

También, es un hecho, que estas violaciones constantes a las normas de seguridad y tranquilidad pública, a la protección del patrimonio público y de conservación de la propiedad privada, se han ido perpetrando impunemente de manera recurrente en cada conflicto minero que fue surgiendo. 

Lo más preocupante, es que varias de estas protestas han terminado por rebasar la capacidad del Estado, que no ha podido controlarlos ni anticiparlos tempranamente ni de forma tardía con sus fuerzas policiales, circunstancias que suelen poner en serio riesgo el principio de autoridad, el Estado de derecho, la seguridad del patrimonio público-privado y la estabilidad jurídica de forma dramática. 

En este proceso, poco ha sido el aporte real que han ejercido las distintas oficinas de supervisión, prevención y solución de conflictos sociales del actual gobierno y de los anteriores. Aunque, debemos ser honestos en reconocer que en la administración del presidente Castillo, los conflictos se han exponenciado y replicado con gran violencia, paralizaciones y algaradas que han desembocado en gran convulsión social y en el colapso de operaciones mineras en desarrollo. 

De esta manera, independientemente de las causas que dan origen a los conflictos, el Estado peruano, lejos de tener una lectura clara de la realidad social, de la búsqueda de hacer prevalecer el Estado de derecho y facilitar el desarrollo de la actividad minera, no ha tenido sino una actuación discreta y por demás inoperante. Como es innegable, esta situación ha generado una afectación seria en las iniciativas de inversión. 

Como se colige de lo anterior, y al estar en medio de esta coyuntura, no nos queda más que afirmar que este escenario, por demás desolador, ha venido marcando un retroceso considerable en la promoción de la inversión,  así como en los compromisos económicos para el desarrollo, compra y gestión de nuevos proyectos y operaciones mineras. Además de frenar la adquisición de equipos, sistemas y maquinaria para la minería. Este clima, como es evidente, no solo afecta la capacidad recaudatoria del Estado, las opciones de bienestar, progreso, desarrollo y la inversión minera, sino también a los contratistas y proveedores mineros a nivel nacional. 

Este clima de convulsión, y de tensión extrema, ya lo hemos contemplado en el frustrado proyecto Tía María, ante la penosa y desconcertante cancelación del proyecto Conga, así como en el otrora proyecto minero Tambogrande, el mismo que desencadenó la salida del país de Manhattan Minerals Corp. Esto último, sin posibilidad de reacción por parte del Estado. 

Con todo este antecedente, no podemos dejar de mostrar nuestra gran preocupación frente al problema principal de gestión de los conflictos mineros y de la ausencia de la garantía del principio de autoridad, seguridad jurídica y la búsqueda del orden público y bienestar general. Más aún, si tomamos en cuenta el hecho de que en los últimos años los conflictos socioambientales se han ido incrementando en vez de reducirse. 

Esta realidad expresada, nos permite concluir que hay acciones desplegadas por parte de los actores del conflicto que no se han venido haciendo bien. Esto muy aparte de las suspicacias y resquemor de quienes se oponen a la actividad minera. 

Definitivamente, y lo reconocemos, no toda oposición efectuada por parte de los detractores de los proyectos mineros suele ser de sumo injustificada, y sin base objetiva. Sin embargo, se debe de identificar qué casos son infundados con fines políticos y/o subalternos y cuales corresponden a conflictos plenamente atendibles, al ser demandas válidas. 

Siguiendo esta línea, creemos prudente señalar que cuando abordamos todo conflicto social como el minero, se debe de identificar cuál es el problema de fondo. De esa forma, se podrá acompañar el proceso, mediar con decisión, promover el diálogo y buscar acuerdos fructíferos con concesiones recíprocas. Lamentablemente, y como lo citamos líneas atrás, estos conflictos mineros se han ido replicando en varias zonas del país. 

Esto es muy inquietante, si tenemos en consideración que no hace mucho tuvimos la dramática paralización, con sucesivos actos vandálicos, en Las Bambas, Antamina, Atacocha (Nexa Resources) y ahora en Southern Perú, Cuajone (minera que desde mediados de febrero del año en curso tiene bloqueada la vía férrea y tiene problemas con el agua por cortes injustificados por parte de las comunidades de la zona). 

Cabe recordar, que estos hechos lamentables y repetitivos, se han extendido también a otras operaciones mineras sólidas, ejemplares, y socialmente sustentables como la misma compañía Antamina y las operaciones Apumayo, Buenaventura, Ares  y Antapaccay. 

Este panorama, desde luego, impide el progreso del país, afectando nuestra reputación, seguridad jurídica y condiciones para la inversión minera, toda vez, que desacelera la economía, bienestar y el desarrollo del Perú, generando un gran atraso y encareciendo aún más la débil situación de los pobres. 

Según fuentes de la Defensoría del Pueblo, al mes de enero del año en curso (2022) se han registrado alrededor de 203 conflictos sociales[1]. De ese total, alrededor de 129 corresponden a asuntos mineroambientales[2]. De hecho, conforme a lo sostenido por la Defensoría, las causas más comunes de los conflictos sociales, sobretodo las de aspectos minero-energéticos, van desde la percepción de incumplimiento de compromisos, por disputas sobre recursos hídricos, así como también por situaciones en los que se alega contaminación ambiental. 

Esto último, resulta inquietante, porque afecta severamente la dinámica de las relaciones de integración y confianza entre la ciudadanía y el inversionista minero. Definitivamente, esta percepción que se ha ido arraigando entre la ciudadanía sobre las crecientes necesidades básicas insatisfechas, resultan preocupantes para el Estado y la empresa privada, porque instala una gran desconfianza en la población con respecto a la presencia de actividades mineroenergéticas en su área de influencia. 

En ese sentido, la empresa privada y el Estado deben de unir esfuerzos para revertir dicha percepción negativa y crear canales de diálogo e integración para viabilizar la inversión en armonía con el entorno y generar un ambiente óptimo y favorable para ambas partes. No debe soslayarse, que hoy en día es una realidad que no todas las demandas, que se suscitan con motivo de los conflictos socioambientales, pueden atribuirse al inversionista minero, toda vez, que este no sustituye al Estado en su labor de promotor del bienestar general, desarrollo y de acceso a servicios esenciales. 

Tampoco, resulta amparable, ni justo, que el empresario minero cargue con la responsabilidad de crecientes carencias administrativas, evidentes problemas de gestión gubernamental e incompetencia en la ejecución del presupuesto público para obras básicas de desarrollo social. 

Sin embargo, y aunque creemos que el Estado debe de proveer condiciones esenciales de acceso, servicios básicos e infraestructura a los distintas zonas del país, no nos oponemos a que el inversionista minero abandone sus compromisos sociales orientados a la generación de progreso, desarrollo y bienestar en sus áreas de influencia, así como en el país por intermedio de acciones de responsabilidad social.

En este punto, creemos fundamental añadir que ante la amenaza de cualquier conflicto el Estado peruano, en conjunto con el operador minero, debe reunirse tempranamente para intentar anticipar riesgos. En esta línea, es crucial actuar de forma preventiva y proactiva. 

Es lógico, que para lograr este fin no solo se requiere la voluntad del Estado y operador minero, sino también la presencia activa de la comunidad afectada. Cuando ocurre un conflicto, constituye un imperativo que las partes estén en condiciones de sentarse a negociar con respeto, cordialidad, bajo presupuestos reales, con concesiones legítimas entre estas y señalando necesidades y expectativas. La idea, es crear canales de diálogo, concertación y armonía entre las partes en conflicto.

Consideramos importante reiterar, que antes de abordar los conflictos sociales, en especial los mineros, el Estado debe de distinguir entre los que son legítimos y entre aquellos motivados por intereses subalternos, para conjurar adecuadamente el problema y elegir la estrategia más eficiente, de tal manera que no se aplace el desarrollo de proyectos de inversión mineroextractivos, los cuales reportan beneficios tangibles al Estado y a la población. 

En este estadio del análisis, creemos conveniente hacer mención a algunas reflexiones que, con respecto a los conflictos sociales en minería, se efectúan en el Informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía en conjunto con El Comercio, en tal sentido, estas organizaciones alegan lo siguiente: “Los conflictos sociales alrededor de la actividad minera, cada vez más severos y radicalizados, explican en buena parte que la producción minera aún no recupere sus niveles prepandemia (…) Urgen medidas que permitan aprovechar el superciclo de precios de los metales y asegurar la sostenibilidad de la actividad minera peruana”.

En opinión del referido Instituto Peruano de Economía, la creciente conflictividad social relacionada a la minería –enfocada en la segunda mitad del 2021– habría generado un estancamiento del sector en el último año y el inicio del 2022. Según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los conflictos mineros habrían ocasionado un costo a este sector extractivo de alrededor de 2.3 puntos porcentuales de crecimiento en 2021. 

Esto es especialmente inquietante, si tomamos en cuenta que la proyección inicial de crecimiento de la actividad minera para el 2021 era de 12% sin conflictos sociales. Pero, lamentablemente solo pudo crecer tan sólo 9.7%. Esta pérdida de valor y oportunidad del sector, lo habría golpeado tremendamente, al generarle un costo de alrededor US$ 1,500 millones, según cálculos del Instito Peruano de Economía. Vale resaltar, lo señalado por Héctor Collantes, funcionario de Fitch Ratings, cuando subraya que la alta conflictividad social ha sido un problema recurrente en la minería. 

Sin embargo, lo que resulta desconcertante es el hecho de que el gobierno del presidente Castillo venga mostrando una falta de capacidad para conciliar las demandas de las comunidades con las de las empresas mineras. En esta línea, el Sr. Collantes afirma que un manejo adecuado de los conflictos sociales requiere una autoridad establecida, reglas claras y una intermediación oportuna.

Según el Instituto Fraser, los conflictos sociales e inestabilidad política serían los factores que menos incentivarían un mejor flujo de inversión minera en el Perú. En este contexto, resulta conveniente recoger lo esbozado por el Sr. Collantes, el mismo que sostiene que en un escenario como este es necesario tomar medidas urgentes para garantizar un clima adecuado para las inversiones y ofrecer soluciones sostenibles y oportunas a los conflictos sociales. 

De no lograr estos objetivos, no solo se desaprovecharía el actual período de precios altos sino que el agotamiento de recursos pondría en riesgo una de las actividades que más aportan a la economía peruana. En este orden de ideas, no podríamos estar más de acuerdo con el Sr. Collantes. 

Como podemos advertir, en la actualidad, en el Perú nos encontramos ante un panorama tenso y agitado frente a los conflictos sociales, ya que existe más de un centenar de conflictos por resolver como los ya descritos anteriormente, los que exigen acciones concretas y firmes del gobierno peruano desde el seno del problema para anticiparse al mismo y conjurar cualquier amenaza que coloque en riesgo la inversión. 

De esta forma, y con acciones claras de prevención, supervisión y control, se evitará seguir emitiendo señales negativas a la inversión y, por el contrario, se transmitirá seriedad, seguridad jurídica, predictibilidad, estabilidad política y un ejercicio transparente y efectivo de la labor de mediación frente a los conflictos sociales. 

La estabilidad política, la predictibilidad, la transparencia informativa, la disciplina, un sistema de solución de controversias eficaz y la paz social en justicia, constituyen los principales pilares sobre los que descansa un país democrático con una economía libre, atractiva a la inversión y promotora de actividades económicas. Lastimosamente, y aunque el Estado peruano deposita sus mayores esfuerzos por abordar los problemas sociales para sofocarlos, no existe una política general clara frente a estos. 

Por ello, es indispensable, hoy en día, construir una política que integre la búsqueda del crecimiento socioeconómico que requiere el país y, a la par, mantener los más exigentes estándares técnico-ambientales para la mejora de las condiciones de desarrollo de la población. 

A pesar de que el gobierno cuenta con oficinas que se encargan de ver este asunto, como son el Ministerio del Ambiente (Minam), Ministerio de Energía y Minas (Minem), Defensoría del Pueblo y Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), lamentablemente parece que no existe una adecuada interrelación, cohesión y coordinación entre estos desde una etapa temprana del conflicto. 

Como ya se deslizó líneas atrás, al Estado peruano le cuesta mucho organizar sus distintas dependencias y articularlas en torno a una gestión eficiente y óptima de los conflictos sociales para conjurarlos tempranamente. Aunque, el camino es aún ciertamente difícil, ya que el Estado hoy en día viene teniendo una presencia insuficiente y en muchos casos ausente, sobre todo en las regiones donde se lleva adelante la actividad mineroextractiva. 

En los últimos años, hemos visto que el Estado suele llegar tardíamente a abordar los conflictos cuando estos ya brotaron o llegaron a su escalada más álgida de violencia. En este sentido, y en la línea de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, “resulta difícil pensar que el Estado peruano esté en capacidad de adelantarse a los problemas y afimar que en cierta zona va a ver una actividad minera dentro de algunos años y que se tenga que tratar de definir cuál va a ser su política de desarrollo socio-económico, de inversión social y bienestar del área. La realidad nos muestra, que hoy en día la politíca social se encuentra por un lado y la política ambiental se canaliza por otro, no teniendo puntos en coincidencia. El reto de ahora en adelante, se encuentra en el hecho de integrar la política social con las prácticas socio-ambientales”.

Según datos del Minem, el Perú cuenta con una  cartera de 43 proyectos mineros dispuestos en 17 regiones del país, por un valor cercano a los US$ 53,168 millones. Aún así, en los últimos años, los conflictos sociales han paralizado grandes proyectos mineros, los mismos que habrían generado pérdidas multimillonarias. 

Como lo apuntamos líneas atrás, solo en el 2021, los conflictos mineros, reportaron pérdidas equivalentes a US$ 1,500 millones (según cálculos del Instito Peruano de Economía). De hecho, el pasado año se afectó considerablemente la producción de oro, cobre, plomo, plata, molibdeno y zinc. En atención, a lo recogido en el último Reporte de Inflación[3], elaborado por el BCRP, se estima que para noviembre de 2021, se dejaron de producir 68,000 toneladas métricas de contenido fino (TMF) de cobre debido a los constantes bloqueos en el corredor minero del sur y de Antamina, lo cual habría tenido un serio  impacto en el PBI del sector minería metálica.

Siguiendo el reporte del BCRP, en nuestras operaciones mineras, con todas las paralizaciones y conflictos mineros, se dejó de producir alrededor de 12,000 TMF y 488 TMF de zinc y molibdeno, respectivamente, en 2021.

Es así, que en términos globales, los conflictos sociales vinculados con la gran y mediana minería, habrían ocasionado un daño al PBI del sector minería metálica en alrededor de 2.3 pp., lo cual a su vez habría tenido un impacto directo en el PBI total de -0.2 pp. en 2021. 

De esta manera, creemos pertinente agregar que este desempeño negativo no solo afecta a la empresa minera, sino también a las más de 200 empresas proveedoras de servicios e insumos a las operaciones extractivas. 

Luego de los datos y cifras expuestas a lo largo del presente artículo, resulta innegable el efecto directamente proporcional que ejercen los conflictos minero-ambientales en el desempeño económico del país, sobretodo, se puede determinar los efectos negativos que puede proyectar la alta conflictividad minera en los objetivos de captación de inversión y de consolidación de la iniciativa privada en actividades mineras. 

En esta línea, como también se especificó antes, y aunque el panorama minero esté enfrentando dificultades propias de la conflictividad social,  las perspectivas del sector en nuestro país son muy auspiciosas por el alto precio de los metales, por la creciente demanda mundial de minerales como el cobre, litio, estaño y el zinc para la construcción y el sector tecnológico, así como por el inmenso potencial geológico.

Demás está decir, que nuestra cartera de proyectos mineros de exploración y explotación es bastante atractiva, envidiable y millonaria como ya se comentó líneas arriba. 

De acuerdo a lo descrito hasta aquí, resulta claro que el contexto actual es favorable a pesar de los grandes inconvenientes descritos. Sin embargo, y con la finalidad de optimizar resultados positivos y eficacia al esquema de resolución de conflictos mineroambientales, creemos que el Estado peruano debe de realizar mejoras en el mecanismo operativo de resolución de controversias y complementar el mismo con medidas legislativas y ejecutivas para vigilar los acuerdos y hacerlos cumplir. 

Para lograr este fin, es necesario profesionalizar, efectivizar y dinamizar la acción estatal y privada para la cobertura de los conflictos sociales con acciones preventivas. En tal sentido, se debe de estructurar medidas que permitan el ejercicio efectivo de los mecanismos de participación ciudadana, contemplar herramientas de información y transparencia más oportunos, instrumentos que posibiliten la canalización de reclamos ciudadanos de forma temprana, integradora, eficaz y con una visión intercultural e inclusiva. 

Esta transición, hacia una gestión de los conflictos mineros más integradora, óptima, intercultural, eficaz y dinámica resulta particularmente imperioso, más aún, si tenemos en cuenta las reales aspiraciones del país de convertirse en miembro de la OCDE[4]. En este escenario, y para garantizar un proceso de resolución de conflictos exitoso, resulta necesario aprobar cambios legales que posibiliten un desarrollo y supervisión de las controversias en términos más integrales, armónicos, equilibrados para las partes y dotándole de eficacia ejecutiva plena de los acuerdos alcanzados. 

En este punto, cabe reproducir las acertadas reflexiones realizadas por el equipo de investigación de Minsus en atención a las necesarias modificaciones que debería incluir el mecanismo de manejo de conflictos minero, estos son: “(…) para asegurar una adecuada gestión de los conflictos sociales (socioambientales) se requiere  contar con una política pública de prevención, gestión y transformación de conflictos sociales del Estado; desarrollar capacidades de prevención y de promoción del diálogo es un aspecto clave en la respuesta de los gobiernos a los conflictos, los cuales deben resolver, pacificar e introducir cambios duraderos; reforzar los mecanismos de participación de las comunidades y actores interesados en la toma de decisiones del sector, a través del acceso a información clara sobre los impactos en los derechos humanos ocasionados; y reforzar la coordinación interinstitucional en materia minera entre la Oficina de Gestión de Compromisos Sociales del Ministerio de Energía y Minas, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría del Pueblo”.

La aspiración natural, en el marco de un proceso de resolución de controversias, es la de crear un sistema consistente, sólido y funcional a los intereses de las partes en conflicto, fijando reglas claras, transparentes, eficaces, que permitan un visión integral del conflicto y que posibiliten alcanzar acuerdos viables que concilien intereses de los involucrados y puedan ser ejecutados por parte del gobierno de turno. En esa dirección, debería apuntar los aires de reforma por parte del Poder Ejecutivo. 

Para ello, se necesita imperiosamente de una decisión firme del Estado peruano para mejorar el sistema de resolución de conflictos sociales, buscando simplificar, efectivizar, democratizar el sistema de resolución de dispuestas y asegurar los mecanismos de ejecución y supervisión de compromisos posterior. 

De lo anterior, podemos colegir que el Estado peruano, y las empresas mineras, podrían gestionar de manera más eficiente y óptima los conflictos sociales, en tanto puedan poner en marcha maniobras estratégicas y meditadas de manejo de conflictos sociales que, entre otras cosas, sean gestionados mediante procedimientos claros, inclusivos, transparentes y con mecanismos de supervisión, que sean gestionados por personas idóneas, que conozcan la idiosincrasia de las partes involucradas, la realidad, las costumbres y la cultura de los lugares más sensibles sobre los que circundan los conflictos. 

Pero, para poder lograr esto último, entre otras acciones, también es fundamental que el Estado intensifique su presencia en el interior del país, a través de sus instituciones y ministerios. En este orden de ideas, será fundamental que cuente con mecanismo de prevención y gestión de conflictos y de probables actos de vandálicos. 

Es importante, que el Estado garantice la seguridad jurídica, el orden, la paz y tranquilidad pública. En este sentido, será gravitante que haga todos los esfuerzos por restablecer el principio de autoridad, aplicando, según corresponda, sanciones ejemplares a aquellas personas que quiebren el orden público, afectando la propiedad, derechos individuales y que inciten al caos, desconociendo el Estado de derecho y quebrando la democracia. 

Todo esto, con la finalidad de instalar un escenario propicio para el diálogo y la concertación, en condiciones normales que permitan arribar a acuerdos fructíferos, justos, considerando concesiones recíprocas. De lo contrario, y al mediar acciones de fuerza, algaradas y similares, se logra frustrar el diálogo y desvirtuar demandas sociales que podrían ser válidas. 

Lo que no se quiere, es que grupos con intereses subalternos, de forma oportunista, dinamiten el progreso, bienestar y desarrollo del país al boicotear operaciones mineras productivas e inversiones del sector con gran proyección. 

Un dato que consideramos importante señalar, que coadyuva al propósito de optimizar y dinamizar las normas sobre resolución de conflictos socioambientales mineros en el Perú, es la suscripción del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, que se firmó el 2021. 

De hecho, se trata de un instrumento muy importante que incorpora el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, el mismo que, a la vez, promueve acuerdos estratégicos entre el sector empresarial con los pueblos indígenas, sindicatos y la sociedad civil. Este mecanismo de garantía a los derechos humanos, permite proteger a los grupos más vulnerables, como son los pueblos indígenas, llegando a reconocer la trascendencia de formular propuestas para fortalecer la implementación de la consulta previa.

Por este motivo, se reitera que es fundamental identificar, gestionar y controlar bien los conflictos sociales con tacto, inteligencia, estrategia coordinada y una política clara del Estado peruano con enfoque de derechos humanos, que permita controlar la raiz de cualquier problema concatenando programas de bienestar, de desarrollo social, brindando información suficiente de los proyectos, permitiendo mecanismos de resolución de conflictos justos y efectivos y coordinando acciones concretas para asegurar su presencia y mediación. 

Al mismo tiempo, es cierto también, que en esta tarea tienen que participar activamente junto con el Estado, las comunidades involucradas y el empresario minero, encontrando canales de concertación estructurados en el diálogo que permitirán establecer puntos en concordancia en los que tendrá que mediar la sensibilidad social, tolerancia y equidad. 

Por último, para preparar un camino favorable a un diálogo más fructífero, en el cual las partes se aseguren ganancias compartidas y relaciones fructíferas, será necesario que desde el Estado, en colaboración con la empresa minera, promuevan y difundan con más ahínco los ingentes beneficios y grandes aportes sociales, económicos y recaudatorios de la actividad mineroextractiva.

Definitivamente, estas compañas deben de concentrarse en las zonas más apartadas y oprimidas del país, así como en las mismas áreas de influencia de las operaciones mineras. Así se podría anticipar y/o restringir probables sucesos de manipulación sesgada y tendenciosa de la información sobre diversos proyectos mineros en cartera y en actividad. 

Lamentablemente, en los últimos años el Estado ha reaccionado tardíamente a los conflictos socioambientales mineros, sin comprender e interpretar los intereses de las partes, lo que ha generando que los conflictos embalsen y agudicen dramáticamente desembocando en episodios de gran agitación, malestar y más convulsión que encarecen el desarrollo socioeconómico y traen más polarización en el Perú. 

Finalmente, no podemos concluir el presente artículo, sin antes señalar que el objetivo fundamental de mejorar los mecanismos de gestión, administración y supervisión de conflictos mineros (conflictos socioambientales) en el Perú, es el de asegurar un sistema de disputas eficaz, ordenado, justo y transparente. 

En esta línea, un sistema de resolución de conflictos en general, en especial el minero, debe de aspirar, insistimos, a establecer canales de diálogo entre las partes involucradas, buscando espacios de equidad e integración, propugnando concesiones recíprocas, fijando ganancias compartidas, bajo altos niveles de transparencia, con el fin de asegurar un acuerdo entre la inversión minera y el interés social. 

Siguiendo estos pasos para la mejora de la gestión de conflictos mineros, junto a otros mecanismos relevantes que garanticen la seguridad jurídica de la inversión en el plano político, legal y económico, nuestro país podrá asegurar un gran flujo de inversión mineroextractiva en el Perú. Para tal propósito, es indispensable que nuestro país brinde condiciones óptimas para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de nuestros recursos naturales. 

En esta línea, constituye un elemento primordial que el Perú transmita una imagen sólida frente a la comunidad internacional, y en especial a los capitales nacionales y extranjeros, asegurando una economía estable, viable, sin riesgos de ingobernabilidad ni problemas políticos serios que encarezcan la inversión y el desarrollo en nuestro vasto y rico país.

Bibliografía

Minem: para el 2022 se iniciaría la construcción de 7 proyectos mineros.

https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/minem-para-el-2022-se-iniciaria-la-construccion-de-7-proyectos-mineros/

Reporte de Conflictos Sociales Nº 214. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad.

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-n.°-214-–-diciembre-2021.pdf

Reporte de Conflictos Sociales Nº 215. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad.

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/02/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N°-215-Enero-2022-1.pdf

Conflictos Sociales relacionados con la actividad minera generan un grave perjuicio a la economía nacional. COMEX Perú. 2022. Semanario Nº 1113. Hechos de Importancia.

https://www.comexperu.org.pe/articulo/conflictos-sociales-relacionados-con-la-actividad-minera-generan-un-grave-perjuicio-a-la-economia-nacional

Conflictos sociales costaron más de US$ 1,500 millones a la minería. IPE. 2022.

https://www.ipe.org.pe/portal/conflictos-sociales-costaron-mas-de-s-1-500-millones-a-la-mineria/

Muñoz, Cristina. Conflictos Sociales y Cumplimiento de Acuerdos en Perú: Desafíos y Oportunidades. Minsus. 2022.

https://minsus.net/conflictos-sociales-y-cumplimiento-de-acuerdos-en-peru-desafios-y-oportunidades/

Advierten que bloqueos mineros son los que más generan grave perjuicio a la economía nacional. Diario Viral. Actualidad. Nacional. 2022.

https://diarioviral.pe/advierten-que-bloqueos-mineros-son-los-que-mas-generan-grave-perjuicio-a-la-economia-nacional/

[1]   En los recientes reportes de Conflictos Sociales N.° 214 y 215, se procede a dar cuenta de 203 conflictos sociales registrados (154 conflictos activos y 49 conflictos latentes). De acuerdo a Defensoría del Pueblo, resulta preocupante el surgimiento de cinco nuevos conflictos, así como la reactivación de dos en especial.

[2]   En lo que concierne a la industria de los hidrocarburos, alrededor del 12% de los conflictos son producidos por esta actividad. Otros motivos, de los conflictos sociales, están vinculados a controversias sobre demarcación, bienes, servicios, problemas comunales, entre otros.

[3] https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2022/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2022.pdf

[4] En opinión de Minsus, en pocas palabras, constituye un imperativo para el Estado peruano introducir mejoras ejecutivas, legales y procedimentales en el desarrollo, gestión y supervisión de los conflictos mineros. Más aún, si se toma en cuenta el interés del país de afiliarse a la OCDE. En tal sentido, de acuerdo a este organismo “(…) se hace favorable el necesario desarrollo de políticas y marcos regulatorios en materia de transparencia y de acceso a la información, participación comunitaria en la toma de decisiones, y mecanismos de reclamo, reparación y no repetición, entre otros factores subyacentes a la elevada conflictividad asociada al sector extractivo”.