El presidente de proEXPLO 2028, José Vizquerra, sostiene que el capital minero global ya no elige solo por geología, sino por velocidad y certeza. Advierte que el Perú compite con Chile y Argentina por inversión y talento en la década decisiva del cobre, y plantea una agenda concreta de cuatro puntos para convertir el potencial geológico en nuevos proyectos mineros.

Vizquerra es vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de la División Minera de Minsur y presidente de proEXPLO 2028. Cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en exploración, desarrollo y gestión de proyectos mineros, con trayectoria ejecutiva en compañías como O3 Mining, Osisko Mining, Sierra Metals y Buenaventura, además de ser fundador y presidente de Silver Mountain Resources. Egresado de Queen’s University, complementó su formación en Harvard Business School y Wharton Executive Education. En 2019 recibió el Peter Munk Award de Young Mining Professionals.

RM: Si hoy un inversionista internacional tuviera que decidir dónde colocar US$ 1,000 millones en un proyecto de cobre entre Perú, Chile y Argentina, ¿qué razones concretas tendría para elegir el Perú y qué estamos ofreciendo hoy peor que nuestros competidores?

El capital va primero adonde está la geología, y en eso el Perú juega en primera división. Tenemos 23 franjas metalogénicas y una sucesión de arcos magmáticos de distintas edades, lo que explica que en un mismo país convivan grandes pórfidos de cobre como Cerro Verde, Toquepala, Las Bambas o Quellaveco, un skarn de clase mundial como Antamina y distritos de oro como Yanacocha. Muy pocos países pueden mostrar esa diversidad, y esa es la razón por la cual las empresas siguen viniendo.

Pero hoy el inversionista ya no compara solo geología: compara geología ajustada por tiempo. Y ahí es donde estamos ofreciendo algo peor que nuestros competidores. Un permiso de exploración que en Canadá toma entre dos semanas y dos meses, en el Perú puede demorar entre 12 y 24 meses. Y, además, las reglas pueden cambiar a mitad del proceso.

Un ejemplo es la consulta previa. Es un derecho y hay que respetarlo. Lo que no puede ocurrir es que se determine que corresponde cuando el expediente ya lleva meses en trámite, porque eso puede extender el proceso hasta 36 meses. El inversionista necesita saber desde el primer día, con una base de datos oficial y completa, si la consulta aplica o no. El problema no es el derecho: es la imprevisibilidad.

Las que más sufren son las empresas junior, que son las que hacen los descubrimientos y las que además dan diversidad y generan trabajo. No es que no puedan conseguir dinero: levantan capital de riesgo por tramos y no pueden pasar dos años pagando planillas sin perforar. Por eso muchas terminan quedándose en Canadá, donde además existen incentivos tributarios a la exploración, como las flow-through shares. Lo digo habiéndolo vivido desde tres lados: como ejecutivo en Canadá, como fundador de una junior con activos en el Perú y hoy desde una compañía productora.

Mientras tanto, los vecinos se mueven. En Argentina se hizo poco durante mucho tiempo y, apenas comenzaron a explorar, aparecieron Vicuña —que integra Josemaría y Filo del Sol—, Los Azules y El Pachón. Y con el RIGI, Argentina le ofreció al gran capital treinta años de estabilidad. Con esos proyectos vamos a competir, no solamente por el recurso, sino por el dinero y por las personas. Lo que ya se descubrió en el Perú hay que ponerlo en valor ahora; después va a ser mucho más difícil.

RM: El nuevo Gobierno ha planteado acelerar la inversión privada y destrabar proyectos. Desde la perspectiva de un inversionista minero, ¿qué tendría que hacer, y demostrar, durante sus primeros 12 meses para recuperar la confianza y convencer al mercado de que el Perú puede volver a poner en marcha grandes proyectos?

Hay una expectativa positiva con el nuevo Gobierno, y la industria tiene que acompañarla con algo más que pedidos. No basta con decir “hay que hacer”: tenemos que llevar propuestas concretas y medibles, que le den visibilidad al Estado para que las cosas sucedan más rápido.

Para entender dónde perdemos competitividad hay que caminar por la cadena de valor de un proyecto minero. Toda mina nace de un sondaje. Ese sondaje se convierte en un volumen con un tonelaje y una ley; ese recurso se somete a una evaluación económica preliminar, luego a una prefactibilidad, una factibilidad, una ingeniería de detalle, la construcción y, finalmente, la producción.

En cada uno de esos eslabones el Estado peruano ha superpuesto capas de permisos que no dialogan entre sí, se evalúan en serie y repiten análisis que ya fueron hechos. Ahí, y no en la geología, está nuestro problema.

Mi propuesta cabe en cuatro puntos: ventanilla única real; evaluación en paralelo y no en serie; que lo ya aprobado no se vuelva a evaluar; y reglas estables, que no cambien a mitad del proceso. Y empezaría por la exploración, que es la actividad de menor riesgo porque tiene la menor afectación y, por lo tanto, donde la conversación debería ser más rápida.

La señal que el mercado necesita es simple: que en 180 días un permiso de exploración que hoy toma 24 meses pase a tomar seis. Mi aspiración es llegar a cuatro, pero bajar a seis ya le diría al mundo que el Perú va en la dirección correcta.

¿Por qué importa tanto? Porque en exploración el tiempo es valor. Una empresa listada en Toronto, Londres, Nueva York o Lima que tiene una subsidiaria en el Perú paga sueldos desde el primer día. Si el permiso no sale, consume caja sin generar valor, y el accionista se pregunta qué retorno le estás dando. En cambio, si perforas rápido y en seis meses muestras resultados, el mercado reacciona, la acción se revaloriza y puedes financiar la siguiente campaña.

Por eso sostengo que los tiempos no son un tema administrativo: son creación o destrucción de valor en el mercado de capitales. La exploración es el capital de mayor riesgo y el inicio de todo. Si los permisos comienzan a salir rápido, va a llegar una ola de empresas de exploración, y de ahí saldrán los descubrimientos de los próximos veinte años.

RM: Con el retorno de la bicameralidad, la minería tendrá que relacionarse con una Cámara de Diputados y un Senado. ¿Qué debería entender el nuevo Congreso sobre la actividad minera antes de legislar y cuáles serían las decisiones que podrían terminar alejando nuevas inversiones del país?

Lo primero que le diría al nuevo Congreso es que menos es más. Hoy, para sacar adelante un permiso tienes que pasar por cerca de 30 entidades. Antes de legislar haría un ejercicio más simple: mapear esos procesos, ver dónde se repiten y dónde no conversan entre sí. La ANA evalúa el agua sin conversar con quien evalúa el instrumento ambiental, y ninguno de los dos con quien autoriza los explosivos. Mientras esa integración no exista, el Congreso puede aprobar la ley que quiera y el problema seguirá allí.

Lo que necesitamos es una ventanilla única real: una plataforma donde todas las instituciones evaluadoras vean el mismo expediente en simultáneo, formulen sus observaciones y exista trazabilidad del proceso.

En construcción, el problema es que un proyecto que ya pasó una evaluación ambiental integral vuelve a sustentar, permiso por permiso, aspectos que ya fueron evaluados. Lo que fue resuelto en un estudio ambiental no debe volver a discutirse; el permiso constructivo solo debería verificar la consistencia con lo aprobado.

La tecnología ya existe. Con inteligencia artificial, la primera revisión de un expediente puede hacerse en días y no en meses; y con un registro digital inalterable —blockchain u otra herramienta— cualquiera puede saber quién tiene el expediente, desde cuándo y por qué. Y si falta presupuesto para fortalecer a las entidades evaluadoras, hay que financiarlo: es probablemente la inversión pública de mayor retorno que puede hacer el país.

Lo que alejaría la inversión es exactamente lo contrario: nuevas capas de trámites, cambios de reglas a mitad del ciclo o normas hechas sin entender que una mina es una decisión a treinta años. Esto es más un tema de voluntad política y de gestión que de nuevas leyes.

RM: Los recientes cambios al Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera buscan facilitar y agilizar la exploración, entre otros aspectos, ampliando el ámbito de proyectos que pueden desarrollarse bajo una DIA. ¿Este cambio puede marcar realmente un punto de inflexión para recuperar la inversión en exploración en el Perú o el sector necesita todavía reformas más profundas para volver a descubrir los grandes yacimientos que el país necesita?

Todo cambio que ayude a hacer las cosas más rápido es positivo, y hay que reconocerlo. Lo más difícil siempre es comenzar a girar la rueda, y esa rueda ya empezó a moverse.

Pero el problema de fondo es la arquitectura del trámite. En exploración, el instrumento ambiental es importante, pero existen otros permisos que pueden convertirse en los verdaderos asesinos del cronograma: el CIRA arqueológico, la autorización de uso de agua, el acuerdo con el titular superficial y la autorización de inicio de actividades.

Para las exploraciones de bajo impacto se puede avanzar hacia una aprobación rápida acompañada de una fiscalización posterior fuerte: confianza al inicio y sanción severa para quien incumpla. No se trata de bajar estándares, sino de cambiar la forma en que se administran. Canadá lo hace así, y sus estándares no son menores que los nuestros.

La buena noticia es que el diagnóstico ya está hecho y lo comparten el Estado y la industria. Lo que toca ahora es ejecutar.

RM: Usted ha conocido de cerca mercados mineros como Canadá y la competencia internacional por atraer capital y desarrollar proyectos. ¿Qué hace un país como Canadá mejor que el Perú para convertir su potencial geológico en inversión minera y qué deberíamos aprender de esa experiencia?

Me tocó trabajar en Val-d’Or, el Valle del Oro de Quebec, y lo que más me marcó es que allí la minería es un proyecto compartido. Las municipalidades, los gobiernos locales y las Primeras Naciones están en la mesa desde el primer día. Eso no significa que estén de acuerdo en todo: significa que discuten como socios, con acuerdos de beneficios claros y, cada vez más, con participación en los propios proyectos. Esa es la gran lección para el Perú: la comunidad como socia del negocio, no como un trámite más.

La segunda diferencia es la velocidad del Estado: dos meses para un permiso de exploración, con los mismos estándares de siempre. No bajaron la vara; hicieron ágil al Estado.

La tercera es el ecosistema financiero: incentivos tributarios a la exploración y un mercado de capitales que entiende el riesgo geológico. Eso explica que buena parte del capital de exploración del mundo se levante en Toronto.

Y la cuarta es la información. En Canadá, los trabajos de exploración se reportan al Estado en formato digital y, con el tiempo, se vuelven públicos: entras a un sistema como el SIGÉOM de Quebec y ves por capas la geología, la geofísica y los sondajes históricos. Cada metro perforado enriquece el conocimiento del país. En el Perú, el Geocatmin de Ingemmet es una buena base, pero todavía hay procesos que exigen entregar físicamente un documento. Si dotamos a Ingemmet de data digital y de herramientas de inteligencia artificial, podemos convertir décadas de información dispersa en nuevos blancos de exploración.

RM: La creciente demanda de cobre y otros minerales críticos abre una oportunidad que el Perú no puede postergar. Si desarrollar una nueva mina puede tomar más de una década, ¿cuáles son las decisiones que el país debería tomar hoy para que dentro de 10 o 15 años sigamos siendo uno de los principales destinos mineros del mundo?

Mi tesis es que estamos ante la década decisiva del cobre. La demanda ya no depende solo de la transición energética: se suman las redes eléctricas, los centros de datos, la inteligencia artificial y la defensa. Y el cobre se ha vuelto un asunto geopolítico: Estados Unidos incorporó en 2025 al cobre y a la plata en su lista de minerales críticos, China domina la refinación y todos buscan asegurar suministro.

En ese tablero, el Perú tiene una posición privilegiada. Es uno de los pocos países mineros con tratados de libre comercio con Estados Unidos, China, la Unión Europea y Canadá, y tiene en Chancay una puerta directa al Asia. Podemos ser el proveedor confiable de ambos mundos, pero solo si tenemos producción nueva que ofrecer.

Y no es solo cobre. El Perú es polimetálico: la plata está en los paneles solares y en la electrónica, y el estaño está en la soldadura de cada chip y de cada centro de datos. Esa diversidad es una ventaja estratégica que todavía no hemos sabido contar.

El riesgo de esperar es real. Si el precio del cobre sube demasiado por falta de oferta, el mercado responde con sustitución: el aluminio ya compite en cables y en transmisión. No veo que eso sea masivo en los próximos cinco años, pero si seguimos postergando proyectos diez o quince años más, la ventana puede ser otra.

La próxima década será una carrera por poner proyectos en producción. Chile competirá con reposición; Argentina avanza con proyectos greenfield, y el Perú tiene una cartera de 66 proyectos por más de US$64,000 millones. Pero la distancia entre tener una cartera y llegar a la construcción es nuestro talón de Aquiles.

El capital responde a señales. El país que no tenga proyectos avanzando en los próximos años tendrá dificultades para capturar los precios altos de este ciclo. El Perú tiene una gran dotación geológica, pero todavía no ofrece certeza sobre el calendario.

Y el capital de riesgo no descuenta solamente la geología: descuenta el tiempo.

RM: Chile, Argentina, Bolivia y Perú están buscando una mayor cooperación en torno a minerales estratégicos, mientras Chile y Argentina avanzan en mecanismos para integrar infraestructura y proyectos mineros. ¿Perú está aprovechando esta nueva oportunidad de integración regional o nuestros vecinos están avanzando más rápido para capturar la inversión que necesita la minería?

Hay avances importantes entre Chile y Argentina, y también entre Perú y Chile, y es el camino correcto. Pero hay que pensarlo más en grande. Los Andes centrales son, geológicamente, una sola gran provincia cuprífera de la que ya sale más de un tercio del cobre del mundo. Las fronteras son políticas, no geológicas.

Si los países andinos coordinamos infraestructura —puertos, energía, agua, corredores logísticos—, estándares y formación de talento, podemos presentarnos ante el mundo como el bloque del cobre de las Américas, con un peso de negociación que ninguno tiene por separado. Vicuña, que es un distrito binacional, demuestra que a nivel de proyecto ya es posible.

El talento es la otra mitad de la integración, y también de la competencia. Es una carrera más silenciosa, pero igual de importante. Cuando comiencen a construirse los proyectos de Argentina y Chile, el capital humano peruano va a ser muy demandado: un solo contrato de soldadura o de montaje en Chile puede llevarse a 500 trabajadores peruanos. Si el Perú no tiene proyectos en construcción durante varios años, no solamente pierde capital: exporta a su gente en el mejor momento de sus carreras.

Si uno quiere hacer las cosas rápido, las hace solo; si quiere que trasciendan, las hace en equipo. La región necesita las dos cosas: países ágiles y un bloque que perdure.

ProEXPLO 2028

RM: Usted preside proEXPLO 2028. ¿Qué papel debe jugar el congreso en esta agenda?

ProEXPLO tiene que ser mucho más que un congreso técnico: tiene que ser el lugar donde la geología del Perú se encuentra con el capital del mundo. Nuestra meta es hacer la mejor edición de su historia, con el estándar de los grandes foros mineros globales: traer a Lima a los fondos de inversión, a los líderes que han construido compañías a partir de un descubrimiento y a la nueva generación de exploradores, y sentarlos a la mesa con nuestros geólogos, con el Estado y con las comunidades.

Si el mensaje es que el Perú tiene que ganar la carrera por el tiempo, proEXPLO 2028 debe ser la vitrina donde le mostremos al mundo que ya empezó a correrla.

RM: Si tuviera la posibilidad de cambiar una sola cosa mañana para recuperar la competitividad minera del Perú, ¿cuál sería y por qué?

Los tiempos. Y detrás de los tiempos hay una sola causa: la falta de reglas que duren. Por eso, si tuviera que cambiar una sola cosa, establecería un pacto minero de largo plazo: un conjunto corto de principios y reglas que permanezca en el tiempo, que trascienda gobiernos y crisis. Una política de Estado, no de gobierno; casi una Carta Magna para el desarrollo. Argentina acaba de ofrecer treinta años de estabilidad; el Perú no puede ofrecer menos.

Ese pacto diría cosas muy simples. Primero está el desarrollo del Perú. Los permisos de exploración salen en semanas, no en años. Para los proyectos existe una ruta conocida —paso 1, 2, 3, 4 y 5— y, cumplidos los cinco, se pasa inmediatamente a construcción. Hay una manera clara y predecible de relacionarse con las comunidades desde el primer día. Y el canon efectivamente llega.

Buena parte de los conflictos que vemos alrededor de los proyectos nace de que el dinero que la minería genera no se convierte en agua, colegios y postas. Eso produce una frustración legítima en la gente, y la termina pagando toda la industria.

Los tres países van a producir cobre. La pregunta es quién va a capturar la renta del pico del ciclo. El Perú tiene una gran ventaja geológica y un cuello de botella que es enteramente reversible: los tiempos.

Ventanilla única real, evaluación en paralelo, lo aprobado no se vuelve a evaluar y reglas estables. Esa es la agenda.

No se trata de bajar estándares. Se trata de bajar años.