El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz afirmó que se requiere un esfuerzo público–privado para alcanzar la trazabilidad plena de la cadena productiva, comercial y financiera de la minería a pequeña escala, para desterrar lo ilegal y criminal, que cuenta con un aparato piramidal.

En un artículo publicado en el diario El Comercio, sostuvo que en el ápice de la referida pirámide se ubican los beneficiarios finales, que habilitan el capital para el trabajo minero, la compra de insumos críticos y el procesamiento de minerales de dudosa procedencia.

“En el centro se encuentran los proveedores de insumos críticos y equipamiento minero y/o metalúrgico, que deben implementar procesos de trazabilidad que aseguren que sus productos no están siendo parte de una cadena productiva ilegal y criminal”, explica.

Igualmente, precisa que en la base del aparato piramidal se hallan los cientos de miles de trabajadores quienes, empujados por la falta de empleo formal, realizan actividades mineras en condiciones inhumanas, y a quienes se les “incentiva” en un ambiente de trabajo exento de todo respeto a la dignidad de una persona.

“La ley MAPE será sostenible cuando integre a los trabajadores que se hallan en la base de la pirámide, a quienes se debe brindar una adecuada capacitación para sumarlos al proceso de formalización en condiciones dignas”, precisa Gobitz.

En ese marco, señala que la propuesta de una Ley para la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE) no puede enfocarse en extender el “proceso de formalización”, que tiene más de ocho años sin resultados positivos; ni tampoco en discutir cómo se regulariza el acceso a concesiones de terceros, porque sería una manera deshonrosa de formalizar una invasión ilegal.

“Pero tampoco será efectiva con una regulación excluyente como la actual; se debe trabajar en un marco normativo integrador para la actividad minera en sus distintas escalas”, puntualiza.

La minería ilegal en el Perú, produce más de 2 millones de onzas de oro anualmente, lo que representa casi US$ 5,000 millones, se exporta a través de casas comercializadoras o sale por nuestras fronteras como contrabando, mayormente hacia Bolivia.