La reciente aprobación del Plan de Participación Ciudadana para la tercera modificación del EIA-d de la unidad Pallancata, en Ayacucho, constituye una señal alentadora para el sector minero y para las comunidades vinculadas a esta actividad. En paralelo, el planteamiento del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que gobiernos regionales y locales destinen hasta el 10% del canon minero a infraestructura turística ha abierto un debate necesario. 

El turismo tiene un enorme potencial, especialmente en regiones con una oferta cultural y natural privilegiada. No obstante, cualquier reasignación del canon debe realizarse con la máxima rigurosidad. Estos recursos fueron creados para cerrar brechas críticas en salud, educación, agua y saneamiento, infraestructura básica y seguridad. 

De otro lado, el Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló que el Perú concentra el 44% de los envíos irregulares de oro en Sudamérica, lo que no solo refleja la magnitud del problema, sino que evidencia que enfrentamos una economía criminal que erosiona la institucionalidad, distorsiona la competencia económica y destruye ecosistemas completos. 

Si se cumplen las proyecciones del IPE y los envíos de oro ilegal alcanzan los US$ 12 mil millones en 2025, estaríamos ante una actividad ilícita del mismo tamaño que la minería formal del oro. Un escenario así sería devastador para el Estado y para las regiones. 

Mientras tanto, los proyectos de cobre –el motor de nuestra competitividad global y pieza clave de la transición energética mundial– siguen estancados. La tramitología excesiva, los conflictos sociales mal gestionados y la ausencia de consensos mínimos sobre el papel estratégico del cobre, mantienen paralizadas inversiones que otros países ya están captando de manera acelerada. 

Por ello, la agenda minera del Perú debe priorizar tres líneas de acción: fortalecer la institucionalidad ambiental y social para que los proyectos avancen con legitimidad; combatir la minería ilegal de manera integral, con inteligencia financiera, control territorial y sanciones efectivas, y reactivar la inversión en cobre mediante reglas claras, estabilidad regulatoria y procesos participativos bien diseñados, no capturados por intereses ajenos al territorio. Sin estas condiciones, seguiremos atrapados en un ciclo de oportunidades perdidas.

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente del IIMP.