El reciente ataque denunciado por Minera Las Bambas, por el cual mineros ilegales que eran objeto de un proceso de interdicción en las inmediaciones del futuro tajo Chalcobamba, en represalia agredieron a agentes de seguridad de la compañía y quemaron equipos de propiedad de empresas comunales, confirma el avance de esta actividad ilícita en contra de la minería formal que impulsa el desarrollo en el país.

A esto se suma el accionar delictivo y terrorista de ciertos grupos que atentan contra empresas productoras de oro en el norte del país, lo que no es admisible en un Estado de derecho en el que la protección de la propiedad privada, en este caso de operaciones productivas, es uno de los aspectos fundamentales que debe cautelar el Estado.

Sin el cumplimiento de la ley y el orden se alejará a la inversión minera promotora de desarrollo sostenible que, como en el caso de Las Bambas, impulsa la creación de empresas comunales para que la población se inserte en el círculo virtuoso del progreso, las que también son blanco de la violencia de los mineros ilegales, como se ha informado.

Es momento de dejar de normalizar estas acciones delictivas, como bien lo advierte el presidente del IIMP, Darío Zegarra, en una reciente entrevista, pues deben tomarse tanto las acciones preventivas como sancionadoras en forma efectiva frente a este tipo de actos que empiezan a reproducirse en diferentes zonas del Perú.

Para promover la llegada de nueva inversión, sea minera o de otra índole, un factor imprescindible es el respeto a la propiedad privada y la seguridad, que posibiliten el desarrollo en condiciones normales de las actividades productivas formales, que ofrecen empleo adecuado, aportan al fisco y tienen una visión de valor compartido.

En ese contexto, para lograr los objetivos de reactivación económica que tiene el Ejecutivo, es básico frenar el accionar de la delincuencia en todas sus formas, desde la que violenta a los ciudadanos, las pequeñas, medianas y hasta los grandes negocios y empresas. Estamos llegando a un punto de inflexión en el que se deben tomar medidas extraordinarias para preservar la seguridad de la población.

Específicamente en lo que corresponde a la minería ilegal, es sabido que con el alza del precio del oro, cobre y otros metales, esta tiende a incrementarse, por lo que debe hacerse una revisión de toda la cadena de comercialización, con el fin de identificar y poner ante la ley a quienes la apoyan y alientan en desmedro de la población involucrada, el medio ambiente y el país en su conjunto, que necesita paz para recuperar la senda del desarrollo en forma descentralizada.

El Director