Es necesario encontrar soluciones a la permanente conflictividad social que viene golpeando a la industria minera y afectando a la economía del país. Una problemática que como sabemos no es nueva, pero se ha vuelto más frecuente.

Para ello, primero debemos entender que el Perú cuenta con una minería moderna y con empresas altamente competitivas, las cuales desarrollan sus labores muchas veces en territorios con amplias brechas en infraestructura, y con poblaciones con bajos niveles de índice de desarrollo humano, debido a la ausencia del Estado.

Es lógico que en un escenario como este, con pobreza y desigualdad de por medio, dicha convivencia esté sujeta a un equilibrio muy precario, y muy propicio para la conflictividad social, lo cual distorsiona el entorno de las inversiones.

Lo que hemos visto desde siempre son soluciones de corto plazo, como los habituales bloqueos a diversas minas para exigir montos de dinero, lo cual en esencia es un ilícito. Lo hemos visto recientemente con Las Bambas y Cuajone, cuyas paralizaciones han generado que el Estado deje de recibir US$ 7 millones diarios por impuestos.

También se ha reactivado la propuesta del MEF de imponer mayores tributos a las empresas mineras, sin advertir que ello restaría competitividad a esta industria. No somos los únicos productores de metales en el mundo. Al fin de cuentas son soluciones no sostenibles y no resuelven los problemas de fondo.

Sin embargo, hasta ahora no hemos escuchado a nadie del gobierno hablar sobre soluciones sensatas y con una visión de largo plazo, que se enfoquen por ejemplo, en el mejoramiento de la gestión pública para hacer más eficaz y eficiente el uso de los fondos públicos para el cierre de brechas.

Ni mucho menos hemos escuchado plantear una agenda de desarrollo territorial consensuada, donde se identifiquen las necesidades de las regiones o provincias y sus respectivas potencialidades productivas con el objetivo de promover mayores oportunidades para sus habitantes.

En esa línea, consideramos que se necesita urgentemente establecer un espacio de diálogo, liderado por el Estado, entre los distintos actores para debatir y brindar soluciones a estos problemas estructurales e históricos que no nos permiten avanzar como país.

No se trata de tener cientos de mesas de diálogo a nivel nacional que no conducen a nada, sino de una buena vez establecer un diálogo nacional, donde se ponga en relieve los temas prioritarios y la gran importancia de la minería nacional para nuestro futuro. 

Este es el gran reto que tenemos todos como peruanos.

Miguel Cardozo, director del IIMP