En su participación en el Jueves Minero del 4 de abril, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo alertó sobre los desafíos que enfrentarán las elecciones generales de 2026, destacando el posible aumento de conflictos y la proliferación de desinformación.

Detalló que en el proceso electoral de 2021 se registraron 416 riesgos, de los cuales 29 fueron violentos, y que la tendencia indica que este número podría triplicarse en los próximos comicios. 

“En 2012 la confianza en el sistema estaba en 46 por ciento, pero ha bajado a aproximadamente 22 por ciento. Tenemos que fortalecer la credibilidad en el proceso electoral”, afirmó tras subrayar la necesidad de implementar estrategias para revertir esta percepción. 

Además, señaló que la desinformación y el uso de inteligencia artificial para la manipulación de contenidos en redes sociales también es un reto a considerar en las eleccciones.

Respecto al financiamiento de las organizaciones políticas, sostuvo que la fiscalización de los fondos otorgados a las campañas está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sin embargo, en caso haya una sanción el JNE toma la decisión en última instancia. 

En ese orden de ideas, destacó las medidas implementadas por la institución para garantizar la transparencia de las elecciones, como el fortalecimiento de la fiscalización del financiamiento de partidos, la digitalización de trámites y el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan mayor acceso ciudadano a la información. 

“Hemos implementado electiA, que permitirá procesar un expediente como una apelación, una hoja de vida, en menos de un minuto, lo que normalmente le puede cuatro horas a un profesional”, destacó.

En otro momento, puntualizó que la realización de los comicios generales de 2021 tuvieron un costo cercano a los mil millones de soles, lo que podría incrementarse en 2026 con la participación de 50 o más organizaciones políticas. 

También participaron en el Jueves Minero, el director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos; el excontralor General de la República del Perú, Nelson Shack, y la jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública en la Universidad del Pacífico, Gisella Aragón.

Ellos coincidieron en advertir sobre la influencia de las economías ilegales en el financiamiento de campañas, con el objetivo de influir en el poder político para debilitar la fiscalización de su accionar ilícito.

Argumentaron que lo que busca una economía ilegal en el espacio político básicamente es la posibilidad de reducir la capacidad de control y vigilancia, y de regulación de sus actividades directas. 

Como moderadora estuvo la jefe Legal de Asuntos Mineros y Regulatorios de Pan American Silver, Andrea Calvo.