Por: Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining.

Codelco en Chile está experimentando su menor producción en décadas y enfrenta una gran carga de deuda, mientras que Enami lucha con un endeudamiento récord y el cierre de su fundición.

Estas situaciones reflejan una tendencia preocupante en América Latina, donde empresas estatales como Pemex de México, Petroperú y Petrobras y Vale de Brasil están en el centro de las políticas económicas nacionales, pero enfrentan desafíos significativos. Estos incluyen desde la gestión de la deuda hasta la adaptación a exigencias ambientales y políticas.

Pemex es conocida por su alta deuda, registrando su producción más baja de crudo en 45 años, a pesar del apoyo gubernamental extenso que alcanza a 90 mil millones de dólares durante el gobierno de AMLO, casi tres veces el valor de mercado de Grupo México, una de las grandes compañías mineras de cobre del mundo. 

Petrobras y Vale en Brasil, por su parte, están en medio de procesos de modernización y diversificación, enfrentando simultáneamente presiones políticas crecientes, especialmente bajo la presidencia de Lula. Estos casos evidencian la necesidad crítica de un equilibrio entre la innovación y una gobernanza efectiva, libre de influencias políticas dañinas.

A pesar de estos retos, los bonos de estas empresas estatales continúan atrayendo a los inversores, principalmente por los altos rendimientos y la expectativa de que el apoyo gubernamental nunca los dejará caer. Sin embargo, este atractivo no debe enmascarar la urgente necesidad de reformas profundas y mejoras en la gestión. 

Estas empresas se encuentran en un punto crítico, requiriendo reestructuraciones de deuda y mejoras en eficiencia operativa, mientras se adaptan a cambios globales como la transición energética y demandas ambientales.

El papel que juegan en la geopolítica regional aumenta su importancia, pero es esencial aumentar la transparencia y la innovación y revisar sus políticas de gobernanza. Es crucial encontrar un equilibrio entre el aumento de las presiones políticas impulsadas por el creciente nacionalismo de recursos naturales, y las necesidades económicas en un mercado global competitivo. Estas empresas deben asegurar su viabilidad económica y evitar convertirse en una carga fiscal, contribuyendo simultáneamente al desarrollo sostenible de la región.

La viabilidad a largo plazo de estas compañías estatales es clave para el desarrollo económico y sostenible de América Latina. Mantener un balance entre intereses políticos, necesidades económicas y responsabilidades ambientales será esencial para su éxito futuro.