Por:  Raúl Rojas, consultor en minería en Apogore – Minem.

Todos los que estamos inmersos de alguna u otra manera en el sector minero, sabemos que la minería artesanal por lo general se desarrolla de manera informal, incluso en forma ilegal, y es considerada como una estrategia de desarrollo para las comunidades, debido a que origina beneficios, siendo el principal, generar trabajo productivo. 

Es una realidad que no la podemos negar y nos debe de llamar a la reflexión, ya que la minería artesanal se practica en muchos países, particularmente emergentes de diferentes continentes y, por su puesto, nuestro país no es la excepción. 

Consideramos que una de las principales causas que ha contribuido al revés de los procesos de formalización minera es que las políticas de formalización implementadas por los gobiernos a nivel global ponen énfasis en la legalización de acuerdo al marco normativo de cada país, es decir, en la obtención de los permisos y licencias, y se descuidan en el asunto de fondo, que es el acceso a la asistencia técnica y a planes integrales de fomento y regulación.

La crisis social, económica, incluso política de los últimos años, que se materializó básicamente en la falta de empleo y oportunidades, agudizando la pobreza, fundamentalmente en las zonas rurales altoandinas, en especial de los países de desarrollo intermedio, a la cual se sumó en 2020 la crisis originada por la pandemia de la COVID-19; además del incremento en la demanda de algunos minerales (cobre, cobalto, estaño, coltán, oro, entre otros) por parte de las potencias industriales, y el alza de sus precios en los mercados internacionales, sobre todo del oro, explican la gran explosión del fenómeno de la minería artesanal, en un contexto caracterizado por la debilidad institucional de los gobiernos y de las estructuras sociales.

Definitivamente, este crecimiento amerita promover e impulsar políticas públicas para solucionar el grave problema de la informalidad en la minería artesanal.

En esa misma línea, es importante tener en cuenta el enfoque de la política pública, que, a recomendación de organismos internacionales como el United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), señala que los procesos de políticas públicas para la formalización de la minería artesanal deberían estar basados en los derechos humanos.

Al respecto, este enfoque se fundamenta en los valores, principios y normas universales propias de la dignidad de las personas, que se refieren a los derechos básicos, como el derecho a la vida, salud, libertad, igualdad, bienestar social, entre otros, y en general a cualquier aspecto ligado al desarrollo integral de la persona y que se sostenga en los derechos humanos.  

En el caso de nuestro país, tenemos que señalar la primera política pública elaborada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) –Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030– que adopta el enfoque de los derechos humanos, habiendo sido aprobada a través del DSN°016-2022-EM, y que todos esperamos, coadyuve a la formalización definitiva de la minería artesanal.

Pese a la informalidad en la que se desarrolla, esta actividad ha continuado realizándose, tal como lo corrobora la Dirección General de Formalización Minera del Minem, que sostiene que se estaría ejerciendo en las 25 regiones del país, incluyendo la Provincia Constitucional del Callao, siendo destacable la minería artesanal del oro. 

En realidad, como es de conocimiento público, no se cuenta con una cifra exacta, respecto del número de personas involucradas en la práctica de la minería artesanal, debido a que no se tiene un censo, algunos especialistas, incluyendo a instituciones ligadas al rubro minero, especulan que la minería artesanal es ejercida a nivel nacional por cerca de 200,000 personas o quizás 300,000, inclusive algunos mencionan 500,000 personas, lo cierto es que muchas familias dependen de esta actividad.

En ese sentido, cabe destacar la aseveración del economista Hernando de Soto, un estudioso de la informalidad en nuestro país, quien cuando fue candidato presidencial para el periodo 2021-2026, manifestó que los mineros “son la salvación del país”, por la generación de puestos de trabajo, y estimó en aproximadamente 5 millones de personas las que dependen de la actividad tanto directa como indirectamente.

En particular, es obvio el gran aporte de la minería artesanal, que incluso de manera informal, tal como lo sostiene parte del diagnóstico de la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, ha contribuido con casi todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Concretamente generando trabajo productivo, que conlleva a un impacto social y económico en las zonas donde opera. Impacto social por el efecto significativo producido en la comunidad al generar empleo, e impacto económico, debido que al originarse más y mejores ingresos, se incrementa el consumo, aumentando la producción y la distribución de bienes y servicios locales, lo que al final genera el desarrollo de las comunidades. 

Según los especialistas, el fenómeno de la minería artesanal no se detendrá, sino todo lo contrario, por lo tanto, sugerimos que se tiene que dinamizar el proceso de formalización minera, encaminándolo en la dirección correcta, con el apoyo de la primera política pública y, si el caso lo amerita, implementar una planeación estratégica integral, para enfrentar, pero sobre todo, para prever situaciones futuras, de lo contrario será muy intrincado detener la informalidad en la minería artesanal. 

Informalidad que nos debe de preocupar, ya que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Latinoamérica el Perú sería el segundo país, detrás de Bolivia, con mayor informalidad en la región, alcanzando a más del 70% de la población.