Por: Patricio Cartagena, presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero de Chile.

En Chile, la mediación se ha entendido históricamente como un mecanismo en que dos o más partes buscan acuerdos con apoyo de un tercero neutral, en un proceso voluntario, confidencial y orientado a evitar conflictos judiciales. En el mundo minero, este concepto adquiere una nueva dimensión: ya no se trata solo de resolver disputas, sino de gestionar relaciones complejas, anticipar riesgos socioambientales y asegurar continuidad operativa en un entorno crecientemente exigente. 

Bajo los principios de Minería Responsable, la mediación se convierte en una herramienta estratégica de gobernanza y un habilitador real de inversión sostenible.

Hoy la industria opera bajo un contexto marcado por nuevos estándares ESG (sigla en inglés para Ambiental, Social y Gobernanza), mayores expectativas comunitarias y un escrutinio regulatorio que incorpora la participación ciudadana, la consulta indígena, la debida diligencia y los permisos integrados. 

En este escenario, la lógica reactiva ya no es viable. Persistir en modelos centrados exclusivamente en el cumplimiento formal deja a los proyectos expuestos a conflictividad, demoras y pérdida de legitimidad territorial. Lo que se requiere es una transición hacia modelos colaborativos, donde la gestión social sea tan rigurosa como la ingeniería y la gestión ambiental.

La mediación minera permite ese salto cualitativo. Se instala como un instrumento preventivo y temprano, capaz de ordenar conversaciones complejas, equilibrar asimetrías de información y generar acuerdos verificables que acompañen el ciclo de vida completo del proyecto. No se limita a “resolver problemas”, sino que crea las condiciones para que empresa, comunidades y Estado avancen con una hoja de ruta común, basada en evidencia y orientada a resultados.

Chile conoce bien las consecuencias de no contar con estos mecanismos. Los conflictos socioambientales de los últimos años –marcados por tensiones sobre agua, territorio indígena, gobernanza del litio y gestión segura de relaves– han demostrado que cuando no existe una plataforma institucional de diálogo estructurado, las controversias escalan inevitablemente hacia tribunales, paralizaciones y pérdida de confianza. Y lo más relevante: estos conflictos no son solo ambientales o comunitarios son, en esencia, fallas de gobernanza, donde la falta de facilitación técnica impide articular visiones y anticipar impactos.

La mediación minera, aplicada temprano, evita precisamente esa inercia. Permite que las partes converjan antes de la evaluación ambiental, durante la operación o incluso en escenarios de cierre, asegurando continuidad y claridad estratégica. Su naturaleza confidencial protege las conversaciones sensibles, su neutralidad genera confianza en territorios históricamente tensionados, y su orientación colaborativa permite construir acuerdos vinculados a KPI (sigla en inglés para Indicadores Clave de Rendimiento), compromisos y auditorías independientes.

El Centro de Arbitraje y Mediación Minero de Chile ofrece una infraestructura institucional especializada, con metodologías adaptadas al sector extractivo, facilitadores con expertise en minería, y protocolos diseñados para anticipar riesgos socioambientales. Chile no puede seguir externalizando esta función a tribunales ambientales, cuya misión no es mediar, sino juzgar. La verdadera innovación institucional está en crear plataformas que acompañen al país en su proceso de transición minera: más exigente, más social y más estratégica.

La mediación minera no es un mecanismo blando: es un activo de gestión, un instrumento de compliance y un catalizador de legitimidad. Permite que las empresas operen con visión de largo plazo, que las comunidades participen con claridad y que el Estado ejerza su rol con responsabilidad. En un sector tan crítico para la transición energética global, la decisión no es si Chile debe modernizar su gobernanza, sino cómo y cuánto antes.

Adoptar la mediación como estándar en minería responsable no solo reduce riesgos, agrega valor directo al negocio. Mejora la trazabilidad social, aumenta la predictibilidad regulatoria, fortalece la reputación corporativa y habilita la continuidad operacional, todos factores decisivos en el nuevo ciclo minero. La competitividad de la industria estará determinada por su capacidad de gestionar relaciones, no solo recursos.

La invitación es clara: avanzar juntos hacia una minería que no solo cumpla, sino que inspire; que no solo opere, sino que dialogue; que no solo produzca, sino que construya valor compartido para Chile y sus territorios.