Por: Gonzalo Delgado J., director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad.

La informalidad en la minería artesanal es un problema persistente por varias décadas, posicionándose como uno de los asuntos urgentes que el Estado debe priorizar en la agenda política. Los eventos de los últimos días que culminaron con la derogación en el Congreso del Decreto Legislativo N° 1607 demuestran esto claramente.

Tras 20 años de iniciado el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en Perú, las autoridades enfrentan hoy grandes desafíos para integrar este sector, de aproximadamente entre 300,000 a 500,000 personas, a la economía formal. Las actuales políticas, con un enfoque principalmente normativo o punitivo, han sido insuficientes para este fin. 

En ese marco, en un escenario donde no se abordan adecuadamente los problemas asociados a este sector, existe el riesgo que los mismos empeoren.

Lo recientemente expresado por Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, sobre que no se debe confundir la minería artesanal, “…una actividad digna y legitima…”, con la minería ilegal que actúa en conjunto con organizaciones o grupos criminales, resulta una distinción bastante importante para determinar las acciones a implementar, tanto para la lucha contra la minería ilegal, como para fortalecer la MAPE. 

En la práctica, los procesos de formalización no han tenido éxito: tras 21 años de esfuerzos tan solo existen 11,549 mineros formales de pequeña minería y minería artesanal. Esto hace patente la necesidad de establecer un proceso integral en el marco de una nueva narrativa de la MAPE, centrada en el potencial aporte de la misma al crecimiento del país (por lo menos de 1.5% del PBI), al desarrollo social, así como una visión que, entre otros puntos, la deslinde claramente de la minería ilegal y actividades ilícitas.

Un reciente estudio del CEMS propone entre otras cosas, la creación de un Grupo de Colaboración de la MAPE, en otras palabras, un espacio multiactor que estaría a cargo de generar esta nueva narrativa desde la discusión de buenas prácticas y los desafíos del sector.

Hay en este momento coincidencia entre actores en la urgencia del tema, en que no se debe poner en una bolsa a la minería ilegal con la minería artesanal y los mineros en proceso de formalización. Existe la oportunidad para establecer un diálogo entre actores que incluya a la gran y mediana minería y que permita encontrar las coincidencias y oportunidades de colaboración y sinergia antes que la confrontación.

Acciones propuestas

Es importante fortalecer la presencia estatal y el desarrollo comunitario. Para este fin, el estudio en mención propone la creación de un fondo común local que provendría de la recaudación que obtiene el Estado de la MAPE; este fondo se traduciría en beneficios tangibles para el desarrollo local, 

Asimismo, se sugiere crear locales de asistencia a la MAPE en sitios claves donde opera este sector, que atiendan consultas de los mineros sobre regulaciones y requisitos estatales, contribuyendo a una mejor comprensión de los requisitos técnicos y administrativos del proceso de formalización.

De igual modo, otro aspecto clave es contribuir, junto a autoridades locales, a reforzar la seguridad para reducir la escalada de conflictos y eliminar la criminalidad en áreas mineras. Tratándose de una actividad dinámica, que no va a desaparecer, en la cual entran y salen actores de manera permanente, se propone un sistema permanente para la formalización que permita una adecuada fiscalización.

Recomendaciones

Desde el CEMS se recomienda mejorar los sistemas de gestión de concesiones, derechos de tierras y superficie, y los mecanismos de negociación del contrato de explotación y del terreno superficial, manteniendo y garantizando la prohibición de la minería en áreas protegidas y reservas naturales establecidas para proteger los ecosistemas y las comunidades vulnerables.

 Es claro que en paralelo a esta iniciativa de replantear la narrativa alrededor de la MAPE es necesario contar con un claro accionar para erradicar la minería ilegal y el accionar de las organizaciones delictivas en el marco de las leyes existentes.

Cabe resaltar que la formalización no solo beneficiará a los mineros y sus comunidades, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible del país al garantizar una minería responsable y respetuosa con el medio ambiente, así como al aumentar los ingresos fiscales y promover la inclusión social y económica.

Finalmente, el CEMS considera que es pertinente establecer espacios como el que ya desarrolla el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, en los que se aborden los temas que resultan urgentes a tratar en el rubro minero, y su relación con la protección ambiental y el desarrollo sostenible.