Por:  Raúl Rojas Vera, consultor en minería artesanal y en pequeña escala (MAPE).

Según fuentes extraoficiales, pero cercanas a la realidad, las cifras de mineros informales de la minería a pequeña escala o minería artesanal se estiman en un rango de 200,000 a 500,000 personas, inclusive el economista Hernando de Soto, investigador de la informalidad en el país, afirmó que son más de 500,000 los mineros informales, donde la gran mayoría se dedica a la extracción de minerales auríferos. 

Por otro lado, el único dato oficial que se manejó en un inicio, y que sin duda estuvo por debajo de las cifras reales, fue el de los 72,959 mineros que expresaron formalmente su intención de acogerse al proceso de formalización minera, que el gobierno peruano inició en abril de 2012, inscribiéndose en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso. 

En la actualidad, esta cifra es de aproximadamente más de 87,000 inscritos en el Reinfo, y lo preocupante es que cerca del 80% están suspendidos, básicamente porque no tienen RUC o no cuentan con los permisos ambientales.

Como se puede observar las cifras oficiales que se manejan están muy por debajo de las reales, por lo que, tal como lo menciona parte de la literatura académica, es relevante realizar un censo a nivel nacional (básicamente en las áreas de operación y de beneficio) para conocer exactamente la realidad y magnitud, con la finalidad de sincerar las cifras (sin especulaciones) y entender mejor la existencia de la minería artesanal, lo que indudablemente coadyuvaría a reorientar las políticas en curso sobre el fenómeno de la minería a pequeña escala.

Lo del censo nacional es un sentir que viene desde hace varios años, incluso se incorporó en el “Plan nacional para la formalización de la minería artesanal” de 2011, que fue elaborado por la comisión técnica multisectorial creada mediante Decreto Supremo N° 045- 2010-PCM de fecha 8 de abril de 2010.

Sabemos que el segmento de la minería a pequeña escala (que en la actualidad se practica en todas las regiones del país) representa un problema social, puesto que de esta actividad dependen miles de personas, especialmente de las zonas rurales altoandinas, que se van integrando paulatinamente, con el fin de acrecentar sus ingresos económicos, para mejor su calidad de vida, ya que muchas veces no se les presenta alternativas más sostenibles.

Al respecto, surge la pregunta: ¿Qué ventajas se tendría al realizar un censo para la minería a pequeña escala?, y ¿conviene o no conviene?

Es indudable que se tendría varias ventajas, siendo las principales:

i) Conocer exactamente el número de personas dedicadas a la minería a pequeña escala, tanto directa como indirectamente, incluso determinar la cantidad de población que dependen de dicha actividad.

ii) Conocer el movimiento económico que genera la minería a pequeña escala.

iii) Determinar sus formas de organización, periodos de labores, desplazamientos, entre otras acciones. 

iv) Conocer exactamente cuánto aportarían en tributos, como el IGV, impuesto a la renta, entre otros.

v) El aporte en el ordenamiento territorial del país, al identificar exactamente las zonas donde se está practicando la minería a pequeña escala, y además ver las condiciones del terreno superficial. 

vi) Gestionar adecuadamente la trazabilidad del mineral, identificando a todos los involucrados que intervienen en la cadena de valor, desde la exploración, extracción, beneficio y la comercialización del mineral. 

Es importante conocer la cantidad de personas que dependen de la minería artesanal, para que esta  realmente sea protegida y promovida a través de una política pública, que creemos debería tener dos enfoques: uno basado en los derechos humanos (tal como lo recomienda Unitar) para que se respeten todos los derechos de los trabajadores mineros, y, el segundo, de carácter territorial, para reconocer las diferentes realidades de los territorios, que permita una franca diferenciación de las diversas prácticas de la minería a pequeña escala.

Para viabilizar el censo, una alternativa podría ser que este se realice en forma descentralizada, es decir por cada gobierno regional (a través de la DREM o GREM) con recursos del Gobierno Central. Asimismo, tendría que ejecutarse bajo el liderazgo, soporte logístico y técnico de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Minem, con el apoyo de otros sectores del Ejecutivo, gobiernos locales, la academia, organizaciones, instituciones, etc., inclusive con el concurso del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Pero, además, sugerimos empezar con un proyecto piloto, que sea ejecutado en una región donde no haya un número excesivo de mineros informales, como por ejemplo Lambayeque, Moquegua o Tacna, u otra. Esto permitiría ver la funcionalidad del censo y proyectar el planeamiento estratégico para la organización y ejecución del mismo.

Por lo expuesto, creemos que debe ser una realidad la aplicación de un censo a nivel nacional, que la autoridad competente evalué concienzudamente su ejecución, ya que existen razones más que suficientes para llevarlo a cabo.