En el marco de los 25 años de operaciones de Compañía Minera Antamina, la vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos, Claudia Cooper sostiene que una relación de largo plazo exige presencia permanente en las zonas mineras, comunicación directa con la población y un trabajo articulado entre empresas y Estado, junto con procedimientos más eficientes que no reduzcan los estándares ambientales y sociales.

En esta entrevista con la revista Minería, aborda los cambios en las expectativas de las comunidades y las reformas necesarias para fortalecer la sostenibilidad y la competitividad del sector.

Antamina cumple 25 años de operación en un periodo marcado por cambios e inestabilidad política. ¿Cuál considera que es su principal legado para Áncash y el Perú?

CC. Creo que el principal legado es demostrar que se puede hacer minería exitosamente en el Perú, a pesar de todas las inestabilidades. Antamina ha atravesado distintos periodos de inestabilidad política desde el inicio de sus operaciones y se ha mantenido exitosamente durante estos 25 años, con una reputación bastante buena. Creo que ese es uno de sus principales logros.

¿Qué ha permitido mantener esa relación con el territorio durante tanto tiempo?

CC. La presencia permanente en el territorio ha sido muy importante. Antamina participa en las discusiones que se dan en la zona y ha desarrollado su gestión ambiental y social principalmente en campo. La fluidez de los permisos no depende solamente de lo que ocurre en Lima o en el Gobierno nacional, sino también de lo que sucede en el territorio. La presencia de los funcionarios de la empresa en la zona ha sido clave para construir una relación sostenible.

La minería opera, además, en lugares donde históricamente han existido brechas en servicios públicos y en la competitividad de los recursos humanos. En ese contexto, convive una institución de alcance global con poblaciones que parten de condiciones distintas, y esa desigualdad genera dificultades que requieren una respuesta de largo plazo.

¿Cómo ha cambiado la relación entre las empresas mineras y las comunidades?

CC. El entorno social, político y global ha cambiado, y las exigencias ambientales y sociales son cada vez mayores. Las poblaciones tienen hoy más información y han aprendido a relacionarse con la minería. Al mismo tiempo, la informalidad está ganando terreno y las demandas hacia las empresas se han vuelto más complejas.

Estamos pasando de un modelo mucho más regulatorio a uno en el que las poblaciones buscan una mayor participación directa en los ingresos de la actividad minera. Ya no se trata solamente de aceptar la minería, sino de buscar empleo, contratar empresas locales, recibir compensaciones por impactos y participar más directamente en las oportunidades que genera la operación. Estos asuntos tienen cada vez más peso en las negociaciones con las comunidades.

¿Cuál es el principal error que pueden cometer el Estado y las empresas al relacionarse con las comunidades?

CC. El desafío no es solamente de comunicación, sino de generar capacidades en el territorio. Las empresas mineras conviven con poblaciones cuyo punto de partida económico y social ha sido muy distinto al de una operación de alta competitividad, y eso genera expectativas enormes. El problema es que desarrollar esas capacidades toma tiempo, mientras que la presión por obtener resultados suele ser inmediata.

Otro desafío es que la minería formal compite con la actividad informal e ilegal, que no tiene que cumplir los mismos estándares ni asumir las mismas obligaciones. Las empresas formales deben responder a exigencias ambientales, laborales y sociales cada vez mayores, mientras compiten con actividades que operan bajo otras condiciones.

Usted ha señalado que la relación con las comunidades debe ser sostenible. ¿Qué significa esto en la práctica?

CC. El sector minero ha mantenido muchas relaciones transaccionales y reactivas, asociadas a la percepción de que la actividad genera rentas. Sin embargo, hemos comprendido que esas negociaciones tienen consecuencias hacia adelante. Por eso, debemos pensar más en una estrategia de relacionamiento con nuestros grupos de interés y menos en acuerdos puntuales.

Cuando se negocia una compensación o se necesita acceso a un territorio, debe existir un componente de sostenibilidad: cómo se relacionará esa comunidad con la empresa en el futuro. La convivencia es de largo plazo y no termina con la primera negociación. Cada acuerdo abre la puerta a los siguientes, por lo que debemos pensar también en cómo generar competitividad en la población para que pueda mantener sus oportunidades cuando la mina ya no esté.

¿Qué debe hacer una empresa para que su aporte al desarrollo trascienda la vida de la operación minera?

CC. Tenemos que comunicar mucho más qué estamos haciendo y cuál es nuestro plan de largo plazo, pero también debemos llegar a las bases de la comunidad y no quedarnos únicamente en la dirigencia. Las decisiones deben considerar a toda la población y evaluar qué consecuencias tendrán en los próximos años.

Esto puede hacer que las negociaciones sean más largas y complejas, pero cuando uno observa los resultados después de cuatro, cinco o seis años, comprueba que el esfuerzo rinde frutos y facilita la relación en el largo plazo. Se trata de generar capacidades y oportunidades para que las personas puedan desenvolverse en una economía que no dependa exclusivamente de la operación minera.

¿Dónde debe estar el límite de la colaboración empresarial en salud, educación e infraestructura para no sustituir las obligaciones del Estado?

CC. Cuando el sector privado ha intentado reemplazar al Estado, los resultados no han sido buenos. La función pública tiene otras dimensiones y no puede ser sustituida por una empresa. Lo que sí pueden hacer las compañías es trabajar para fortalecer las capacidades del territorio y articular esfuerzos con las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

En las zonas mineras, las empresas suelen tener una presencia más estable que otras instituciones, especialmente en contextos de inestabilidad política. Sin embargo, es fundamental trabajar con las autoridades locales y regionales, porque son las que gestionan buena parte de los recursos que llegan al territorio. Las comunidades necesitan infraestructura y servicios; los gobiernos subnacionales deben ejecutarlos, y el Gobierno nacional tiene responsabilidades regulatorias y de autorización. Esos tres niveles deben estar articulados.

Si pudiera plantear una reforma al gobierno para destrabar la inversión minera, ¿cuál sería?

CC. Creo que hay dos aspectos fundamentales. El primero es una mayor presencia del Estado en el territorio. Muchas veces, la empresa minera termina sola frente a problemas que corresponden a las instituciones públicas. El Estado aparece cuando se produce un conflicto, pero debería tener una presencia permanente en las zonas mineras.

El segundo es hacer más eficientes los procedimientos sin reducir los estándares. Muchas demoras se producen porque las entidades no tienen suficiente tranquilidad para aprobar determinadas decisiones. Los trámites terminan reflejando lo que ocurre en el territorio: cuando hay incertidumbre o falta de legitimidad, los procesos también se complican.

Necesitamos entender por qué los procedimientos son tan complejos y cómo hacerlos más eficaces, con claridad sobre los plazos y los costos. El costo más alto es el que no se conoce. Para ello, las normas no solo deben ser legales, sino también legítimas, y las instituciones deben generar confianza tanto en las empresas como en las comunidades.

¿Qué lección de estos 25 años de Antamina debería recoger hoy toda la industria minera peruana?

CC. La principal lección es que las relaciones deben construirse con una visión de sostenibilidad y largo plazo. No basta con resolver una necesidad inmediata o cerrar una negociación, porque las decisiones de hoy condicionan la relación de los siguientes años.

También es fundamental comprender que la relación no se construye únicamente con los dirigentes o las autoridades, sino con la población que vive en el territorio. Para que sea sostenible, debemos ser transparentes, comunicar mejor y generar capacidades que permitan a las comunidades tener oportunidades más allá de la operación minera.

En esta nueva etapa, las exigencias ambientales, laborales y sociales serán cada vez mayores. Si operar en el Perú se vuelve demasiado complejo, la inversión puede dirigirse a otros países que también cuentan con potencial geológico. Por eso, necesitamos un Estado presente, instituciones confiables y relaciones que permitan compatibilizar el desarrollo de la actividad minera con las expectativas legítimas de las comunidades.