La gestión de permisos, licencias y autorizaciones debe formar parte de la planificación integral de un proyecto minero desde sus primeras etapas, debido a que los distintos procedimientos se encuentran vinculados entre sí y pueden determinar la secuencia y duración de las actividades mineras, sostuvo el presidente ejecutivo de ProMinería Global, Eduardo Lanao.

Durante el Encuentro Minero “Los retos de la permisología minera en América Latina”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló que la identificación de los permisos requeridos y de las entidades que intervienen permite establecer con anticipación cuáles son las actividades que condicionan el avance de una operación.

“Una cosa son los títulos habilitantes, las licencias y permisos que se puedan ver en el Ministerio de Energía y Minas, pero en realidad acá tenemos una serie de entidades vinculadas a la permisología minera”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que los proyectos mineros están sujetos a una sucesión de permisos y autorizaciones que, dependiendo de su naturaleza, pueden desarrollarse de manera paralela o condicionarse entre sí. Por ello, consideró necesario identificar la secuencia de mayor duración dentro del conjunto de actividades para determinar el plazo real del proyecto.

En ese contexto, mencionó la posibilidad de utilizar mecanismos de fast track para desarrollar procedimientos en paralelo cuando la normativa lo permita, aunque precisó que el plazo final estará determinado por la secuencia de actividades que concentre los mayores tiempos de ejecución.

Lanao también hizo referencia a la experiencia de otros países de la región para dimensionar la complejidad de los sistemas de permisos. En el caso de Chile, citó una estimación del Consejo Minero de ese país según la cual un proyecto minero puede enfrentar hasta 439 tipos de permisos y requerir varios años para completar sus procedimientos.

En México, en tanto, señaló la existencia de más de 4,000 regulaciones que pueden incidir en la actividad empresarial, mientras que en Argentina destacó la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como parte de los mecanismos orientados a generar condiciones de mayor previsibilidad para las inversiones.

Simplificar procesos

En el caso peruano, se refirió al proceso anunciado por el Ministerio de Energía y Minas para revisar y modernizar el marco regulatorio de la actividad, particularmente la identificación de procedimientos que podrían eliminarse o simplificarse.

Según explicó, dentro de esta revisión se han identificado 27 permisos que podrían ser eliminados y otros 14 que podrían reducir sus exigencias y pasar a mecanismos como una ficha técnica o una declaración jurada.

Para el especialista, la simplificación de procedimientos debe estar acompañada por reglas claras y previsibles para los inversionistas, considerando que los proyectos mineros requieren horizontes de largo plazo y comprometen importantes niveles de inversión.

En esa línea, también resaltó la importancia de preservar la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas que rigen la actividad minera, incluida la claridad sobre los títulos y derechos que permiten desarrollar las inversiones.

Reto regional

Lanao sostuvo que América Latina cuenta con una oportunidad relevante ante la creciente demanda de cobre, litio y otros minerales considerados estratégicos para la transición energética, pero advirtió que el principal desafío para aprovechar ese potencial no está necesariamente en la disponibilidad geológica.

“El reto no es geológico, es institucional y social”, afirmó al referirse a las condiciones que enfrentan los países de la región para desarrollar nuevos proyectos mineros.

Finalmente, destacó la necesidad de fortalecer la comunicación con las comunidades y otros grupos vinculados a los proyectos, mediante información verificable y un lenguaje accesible, como parte de las condiciones necesarias para avanzar en la ejecución de nuevas inversiones mineras.